La Corte Penal Internacional de La Haya es un tribunal independiente establecido hace casi una década para investigar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En la actualidad tiene media docena de casos africanos en trámite y nuevas investigaciones abiertas. Además, ahora tiene en la mira al escurridizo ex dictador libio. En junio, el tribunal dictó órdenes de arresto para Gadafi, su hijo Saif al-Islam y su jefe de inteligencia Abdullah al-Senussi, quienes están acusados de orquestar un baño de sangre en respuesta al levantamiento en Libia.
Para el almuerzo, Moreno Ocampo, que tiene 59 años, eligió el restaurante del Hotel Savelberg, en una elegante antigua granja en Voorburg, en las afueras de La Haya, a la vuelta de la no demasiado elegante torre fortificada donde funciona la CPI. Henk Savelberg, el propietario, ha recibido cuatro veces una estrella Michelin en sus 29 años como chef.
La corta historia de la CPI ha estado llena de incertidumbre. Cuando fue ratificada por el sexagésimo Estado, lo que impulsó su creación en 2002, Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, describió el hecho como "un paso adelante gigantesco en la marcha hacia los derechos humanos universales y el estado de derecho". Nueve años y alrededor de u$s 1.000 millones más tarde, los resultados de la corte son mixtos.
Todavía no ha asegurado ninguna condena. Y, hasta ahora, no abrió ningún caso fuera de frica. Esto alimenta la percepción que tienen los africanos de que la Corte es usada por manos occidentales como un látigo político para castigar a ese continente. El caso más avanzado a la espera de veredicto es el de Thomas Lubanga, un señor de la guerra congoleño acusado de reclutar a niños para usarlos como soldados en la milicia que dirigió en 2004. En un momento el caso evitó por poco ser desestimado por los jueces porque se criticó la forma en que la fiscalía había reunido la evidencia, que en parte involucraba informes confidenciales de la ONU ocultados a la defensa.
Y Omar al-Bashir sigue siendo presidente de Sudán, burlándose de su acusación en julio de 2008 por genocidio y crímenes de guerra durante el conflicto en Darfur.
Aunque gran parte de las críticas apuntan al propio Moreno Ocampo y a las tácticas que emplea para armar los casos, hay que reconocer que las bases institucionales del tribunal eran poco firmes. Con encanto latino, él rápidamente desestima los ataques. Describe el clima legal en que tiene que operar la CPI como "primitivo" y en etapas tempranas de evolución, y señala como un éxito el proceso contra los políticos que habrían planeado actos de violencia poselectoral en Kenia en 2008, que ahora está en su primera fase en el tribunal. Además, sugiere que la sola existencia de la CPI altera el comportamiento de los combatientes en la guerra. Por ejemplo, debido al caso Lubanga, las guerrillas nepalesas habrían desmovilizado a los niños reclutados.
"Hemos seleccionado los casos más graves. Nos concentramos en la evidencia contra la persona más responsable. Y somos eficientes. El resto depende de las opiniones. Tengo que tomar cinco decisiones difíciles cada día, y sobre cada tema diferente hay 20 opiniones; algunas coinciden conmigo, otras no", dijo el fiscal.
Un gran ego puede ser una complicación adicional. Su estilo de liderazgo supuestamente arrogante ha llevado a la renuncia de abogados de su equipo, algunos de los cuales han expresado en privado que no están cómodos con su disposición a presentarse en público antes de tener un caso totalmente sólido. Evidentemente le gusta ocupar el centro de la escena y, en su presencia, recuerdo una broma que los chilenos hacen a expensas de sus vecinos: "¿Por qué los argentinos salen afuera cuando hay rayos y truenos? Porque piensan que Dios está sacando una foto".
Cuando era un joven abogado, en la década de los 80, Moreno Ocampo ayudó a poner tras las rejas a nueve generales por su participación en la desaparición de 30.000 argentinos. Me cuenta que esa experiencia, y la actitud de miembros de su propia familia con respecto a su papel de asistente del fiscal, lo preparó para el terreno traicionero que debe cubrir hoy. "Hay que entender que trabajamos en sociedades con profundas divisiones. En Argentina, cuando yo participaba del proceso contra la Junta, mi propia madre estaba en mi contra. La justicia depende del proceso justo. En última instancia, el proceso legal justo convenció a mi madre" de que acusar a los generales era lo correcto, dijo el fiscal.
También señaló que más tarde, cuando procesó casos de corrupción en su país, aprendió la importancia de llegar a la opinión pública cuando a los políticos les interesa bloquear los esfuerzos por castigar delitos cometidos por la elite. Esto es pertinente, dado que la CPI está situada en la confluencia de las relaciones internacionales con las leyes de defensa de los derechos humanos. Este tribunal, que no tiene fuerza policial para realizar detenciones, a menudo se encuentra en terreno virgen desde el punto de vista legal y político; atrapado entre agendas que compiten entre sí: las cambiantes prioridades de los estados miembro, la rígida moralidad de los activistas de los derechos humanos y, durante gran parte del tiempo, la oposición de tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: EE.UU., China y Rusia.
El tema de la soberanía es difícil. La Corte tiene jurisdicción sólo en los Estados que son signatarios del Estatuto de Roma, y solamente si no están dispuestos a llevar adelante sus propios procesos, o cuando piden una investigación o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU ordena una. La estrategia inicial fue alentar a los gobiernos a invitar a la Corte, cosa que se logró en el caso de la República del Congo y Uganda, pero no funcionó con Sudán, donde las víctimas de la violencia en Darfur han sufrido más por la falta de progreso en aplicar justicia.
"En mi país, mi investigación se relacionaba con cómo los generales implementaron un plan para controlar a los que denominaban subversivos. Usaron la metáfora de Mao que decía que los guerrilleros deben moverse en la sociedad como un pez en el agua. Ellos arrestaban gente y realizaban entrevistas tácticas para saber si alguien era un pez o simplemente agua. Pero a veces, el agua era secuestrada y torturada", explicó Moreno Ocampo, quien cree que el gobierno sudanés adoptó un análisis similar, pero métodos más brutales, en Darfur; "en la Argentina trataban de distinguir entre el agua y el pez. En Darfur, la idea fue eliminar el agua. Por eso desplazaron a 4 millones de personas".
Para el fiscal, resulta alentador el creciente número de signatarios de la CPI en todo el mundo: la cifra de países trepó de 60 a 117. Además, considera que el reciente conflicto en Libia produjo una divisoria de aguas en la actitud del Consejo de Seguridad hacia la Corte. La posición de EE.UU. ya se había ablandado antes, pero China y Rusia, que al igual que EE.UU. temían que este tribunal internacional pudiera usarse para enjuiciar a sus propios ciudadanos, votaron para someter la causa de Libia a la CPI cuando fue inminente el peligro de que se produjera una masacre en la ciudad de Benghazi, tomada por los rebeldes.
Cuando se compara el caso de Libia con el de Darfur, se ve la evolución. Con Darfur, el Consejo debatió tres meses. Había acuerdo en que tenía que hacerse justicia, pero el tema era quién lo haría. Seis años más tarde, en el caso de Libia no hubo discusión. El consenso fue que la Corte debía ocuparse, señaló Moreno Ocampo, cuyo período en el cargo termina el año próximo. ¿Es muy importante para él poner antes a Gadafi entre rejas? Lo curioso es que la gente dice que es necesario meter en la cárcel a un pez gordo para mostrar que uno es importante. El problema es que, cuando están en la cárcel, todos son peces chicos... No se trata de los individuos, sino de la institución, resume.
En cuanto a los criminales de guerra que creen que pueden escapar en el largo plazo, les recuerda el caso del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Hubo más de 100 acusaiones formales, dijo, y desde que arrestaron a Ratko Mladic, todos fueron detenidos. Es sólo cuestión de tiempo, concluyó Moreno Ocampo.