Muchos españoles no están de acuerdo en muchas cuestiones con Cristóbal Montoro, el poco carismático ministro de Hacienda que el viernes último anunció el presupuesto para 2012, pero pocos pueden disputar su afirmación de que este es el presupuesto más austero desde que se restauró la democracia en España en los años 70.

Montoro dijo que, con aumentos impositivos para las compañías y los individuos, y reducciones drásticas en el gasto gubernamental, este año reforzará las finanzas del gobierno en 27.300 millones de euros comparado con 2011, y lo que contribuirá a reducir el déficit total del sector público de 8,5% a 5,3% del Producto Bruto Interno, como demanda la Unión Europea.

José Manuel García Margallo, el ministro de Relaciones Exteriores, lo denominó un presupuesto de guerra en circunstancias absolutamente extraordinarias, después que se anunció que el presupuesto de su propio ministerio quedaba reducido a menos de la mitad. El suyo fue el más golpeado, pero sus pares responsables de Obras Públicas, Industria, Energía, Turismo, Agricultura y Medio Ambiente sufrieron recortes de alrededor de un tercio.

El presupuesto subraya la decisión del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, del centroderechista Partido Popular que venció a los socialistas en las elecciones de noviembre, de controlar las finanzas públicas de España y evitar un rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional. Pero algunas preguntas siguen sin respuesta.

La primera es saber si el gobierno podrá obligar a las 17 comunidades autónomas a cumplir las metas de déficit fiscal para satisfacer a los asustadizos inversores de los mercados de bonos soberanos. Los recortes anunciados conciernen sólo al gobierno central, donde es más fácil recortar que en las regiones, señaló Nicholas Spiro, de la firma Spiro Sovereign Strategy, con sede en Londres.

La segunda es determinar si las cifras que dio Montoro son realistas y pueden cumplirse. Los economistas señalan que los recortes en el gasto del gobierno y los impuestos más altos podrían tener efectos contradictorios en una economía que se achica como la española. En algunos casos pueden incluso incrementar el gasto eventual en beneficios para los desempleados, por ejemplo.

Una de las premisas más discutidas de Montoro es la que dice que el sistema de seguridad social logrará equilibrarse tras tener un leve déficit el año pasado, aunque el desempleo está en alza, hubo aumentos en las jubilaciones y el número de aportantes declina. España está al borde de una segunda recesión desde la caída del Lehman y se espera que la economía se achique este año entre 1,5% y 3%. Sorprendentemente, está presupuestado que el costo del personal estatal aumente este año 1,3% pese a que los sueldos continúan congelados. El costo corriente caerá sólo ligeramente, aunque está establecido que las inversiones en bienes de capital declinarán más de un tercio.

La tercera incógnita es si esta limpieza fiscal es sustentable más allá de fines de este año, y si España podrá volver a reducir su déficit en 2013 para cumplir con la meta de 3% del PBI que ordena la UE. Los analistas señalan que algunas de las medidas de reducción del déficit se aplican sólo a 2012, como los 2.500 millones de euros que se espera recaudar a través de un impuesto de 10% sobre el dinero negro repatriado del exterior bajo una nueva amnistía para la evasión fiscal.

Rajoy y Montoro no consiguieron convencer a todos los españoles de la necesidad de hacer reformas e implantar la austeridad. El viernes pasado, la Unión General de Trabajadores, una de las entidades gremiales que organizaron la huelga general del jueves, declaró que las políticas del gobierno están causando un empobrecimiento generalizado. Pero en los próximos meses los manifestantes españoles no serán los únicos participantes del debate: Montoro también tendrá que convencer a sus socios europeos y a los mercados de bonos de que tiene el presupuesto bajo estricto control.