Con la señal política de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a favor de acelerar la reforma agraria, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) buscará destrabar procesos frenados en la Justicia y podría liberar 270 inmuebles y cerca de 500.000 hectáreas para los nuevos asentamientos.

El tema se tratará en una reunión de la cumbre del Incra con el presidente del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, que tendrá lugar en breve.

De acuerdo al gobierno, la gestión podría reducir la demora de los juicios en procesos relacionados a la reforma agraria. Esas 270 propiedades rurales, por ejemplo, están ubicadas en diversos estados brasileños y representan casi la mitad de los 600 inmuebles en discusión actualmente para la reforma agraria en el país, que totalizan 1,2 millones de hectáreas.

Podemos evitar varios conflictos con el afinamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, respetando y sin ningún perjuicio con respecto al marco legal existente, afirmó a Valor el presidente del Incra, Carlos Mario Guedes de Guedes.

Una de las preocupaciones del Incra es la falta de respeto de algunos jueces a la Ley Complementaria 76 de 1993, que prevé el rito sumario en el proceso de expropiación de inmuebles rurales para la reforma agraria en casos de interés social. Además del incumplimiento de los plazos fijados por la legislación, la institución deja inmovilizados los recursos depositados para llevar adelante las expropiaciones, lamentó el titular del Incra. La sociedad brasileña tiene que saber que el proceso de reforma agraria es complejo y merece atención, agregó Guedes de Guedes.

El CNJ tuvo una fórmula para tratar los temas fiduciarios. El ex ministro Cezar Peluso creó el colegiado para acompañar los juicios referentes a la reforma agraria y crímenes cometidos en el campo, pero otro ex ministro, Carlos Ayres Britto lo desactivó inmediatamente.

Para el abogado Paulo Daetwyler Junqueira, del estudio Junqueira & Asociados, la preocupación del Incra es exagerada. El trámite burocrático de cualquier acción judicial en Brasil el altamente complejo. No es un problema del Incra, es un problema general, argumentó el especialista en las áreas ambiental, agraria y tributaria rural, según el cual ambos lados tienen derecho a recursos y los jueces no pueden emitir sus decisiones cuando no existe seguridad jurídica. La Justicia tiene una cantidad exagerada de acciones.

Hasta ahora, el gobierno de Rousseff fue objeto de críticas de los movimientos sociales del campo por haber desacelerado la reforma agraria. Sin embargo, recientemente la presidenta prometió a los trabajadores rurales que acelerará ese proceso, aunque reafirmó que su prioridad es aumentar la productividad de los asentamientos y reducir la pobreza extrema en el campo.

Según esa directriz, el Incra realiza una selección para proyectos de agro-industrialización de asentamientos. Busca también asegurar, en conjunto con otros organismos del Ejecutivo, que el programa Brasil Sin Miseria ayude a los integrantes de asentamientos donde hay pobreza extrema a sobrevivir con la propia producción.

Además, un estudio del Incra basado en el Censo de 2006 identificó 871 municipios donde existe un hiato de productividad al comparar los asentamientos de la reforma agraria y las propiedades donde se practica la agricultura familiar. El organismo estima que existe un potencial para ampliar 75% la productividad de los asentamientos. El estudio se está actualizando, pero el Incra envió asistencia técnica a 485 asentamientos para reducir tal diferencia. La expectativa del gobierno es que los reflejos positivos de la iniciativa se sientan en la próxima cosecha.