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El debate sobre la regularización de migrantes en España vuelve al centro de la agenda política tras el anuncio del Gobierno de iniciar la tramitación urgente de un real decreto para dar respuesta a la situación administrativa de cientos de miles de personas extranjeras que viven en el país sin papeles.
La iniciativa ha provocado una reacción inmediata de la oposición. El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha cargado con dureza contra el plan y ha rechazado de plano que se conceda la residencia legal de forma generalizada, una postura que también ha sido respaldada por dirigentes autonómicos del PP, que acusan al Ejecutivo de utilizar la medida como una distracción política.
Feijóo rechaza una regularización “masiva e improvisada”
Durante un acto de campaña en Figueruelas, Zaragoza, el líder del PP calificó el plan del Gobierno como una regularización “masiva e improvisada” y se mostró tajante contra lo que, a su juicio, supone “regalar la residencia legal a cualquier persona” que se encuentre en España de forma irregular.
Feijóo cifró en 850.000 las personas que podrían beneficiarse de la medida y sostuvo que el enfoque elegido por el Ejecutivo es “inhumano e indecente”, además de “contrario a la normativa europea y a la legitimidad que debería tener el Congreso de los Diputados para aprobarlo”, al tramitarse mediante un real decreto.
Según el dirigente popular, la iniciativa favorece el denominado “efecto llamada” y se suma a otros procesos previos de ampliación del censo. “Esas 850.000 personas se añaden a los dos millones de nacionalizados e incorporados al censo español por la ley de nietos”, afirmó, antes de calificar el conjunto del proceso como “una irresponsabilidad”.
“No puede ser una alfombra roja para la ilegalidad”
Feijóo defendió que cualquier proceso de regularización debe ser individualizado y condicionado, evaluando cada situación de forma específica. “La regularización debe ser caso a caso y no puede ser una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de poder residir en nuestro país”, sostuvo ante sus seguidores.
En su intervención, el líder del PP también aportó datos sobre el peso de la inmigración en la sociedad española. Aseguró que el 20% de la población actual es de origen inmigrante, incluyendo a un 5% de españoles nacidos en España hijos de migrantes. En ese contexto, afirmó que la población inmigrante ha crecido “un 685 %” desde que gobierna Pedro Sánchez.
A este aumento, añadió, se sumaría ahora la regularización anunciada y un incremento adicional derivado de la reagrupación familiar, lo que, a su juicio, ampliaría aún más el impacto demográfico de la medida. “El presidente del Gobierno no tiene derecho a incrementar el censo español con casi tres millones de personas más”, afirmó.
Andalucía acusa al Gobierno de usar la inmigración como “cortina de humo”
Las críticas no se limitaron al ámbito nacional. Desde Andalucía, el Gobierno autonómico del PP cuestionó duramente el momento y la forma en que se ha presentado la iniciativa. La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, acusó al Gobierno central de recurrir a una “cortina de humo” para desviar la atención de otros asuntos de actualidad.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, España señaló que el Ejecutivo “nos tiene acostumbrados a cortinas de humo” y a elegir momentos concretos para este tipo de anuncios “para que no se hable de lo importante”, en referencia a otras polémicas recientes en la agenda nacional.
La portavoz también censuró “las formas” empleadas para aprobar la medida mediante un decreto y criticó que se vuelva a “dar la espalda al Congreso de los Diputados”. Además, sostuvo que el plan responde a una nueva cesión política a los partidos que apoyan al Gobierno, en el marco de las negociaciones parlamentarias.
Desde la Junta insistieron en que el debate migratorio no puede utilizarse como herramienta política y defendieron que cualquier reforma de calado debe abordarse con consenso institucional y respeto a los procedimientos parlamentarios.