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La propuesta para reformar la financiación autonómica superó su primera votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Entre las comunidades, únicamente Cataluña y Canarias apoyaron el planteamiento del Ministerio de Hacienda.
Las regiones gobernadas por el PP votaron en contra, al igual que Castilla-La Mancha y Asturias, ambas presididas por el PSOE. La Comunidad de Madrid decidió no participar en una reunión que se prolongó durante más de tres horas.
El nuevo modelo promete aportar 20.975 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas en 2027. Sin embargo, el respaldo del CPFF no supone su aprobación definitiva ni permite aplicarlo de forma inmediata.
El Gobierno deberá convertir la propuesta en un anteproyecto de ley orgánica y enviarlo al Congreso. Allí necesitará una mayoría absoluta que, por ahora, no parece garantizada.
Cataluña y Canarias, los únicos apoyos autonómicos al nuevo modelo
El Ministerio de Hacienda posee la mitad de los votos dentro del CPFF. Este sistema permite al Gobierno sacar adelante una propuesta si consigue el respaldo de al menos una comunidad autónoma.
En esta ocasión obtuvo el apoyo de dos: Cataluña y Canarias. La mayoría de las comunidades autónomas expresó su rechazo a la reforma de la financiación autonómica, aunque esa oposición no fue suficiente para impedir su aprobación en el consejo.
Madrid había pedido al resto de los territorios gobernados por el PP que tampoco acudieran a la reunión. El objetivo era impedir que existiera el quorum necesario, pero la estrategia no consiguió suspender la votación.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que el proyecto beneficiará a los territorios porque aumentará los recursos disponibles para financiar servicios públicos. También aseguró que la propuesta mantiene un sistema común.
“No es un modelo a la carta”, afirmó el ministro. Según explicó, el reparto atiende las singularidades territoriales, pero no diseña un régimen individual para una comunidad concreta.
La adhesión al nuevo modelo será voluntaria. Además, el Gobierno plantea continuar las conversaciones durante la tramitación parlamentaria para introducir posibles modificaciones.
Cómo se repartirán los 20.975 millones adicionales
La reforma de la financiación autonómica prevé entregar 20.975 millones adicionales en 2027. Una parte importante procederá de una mayor participación regional en los ingresos obtenidos mediante el IRPF y el IVA.
El porcentaje cedido del IRPF pasaría del 50% actual al 55%. En el caso del IVA, la participación de las comunidades autónomas aumentaría desde el 50% hasta el 56,5%.
El cálculo también partirá de una nueva definición de población ajustada. Este indicador busca medir las necesidades reales de cada territorio teniendo en cuenta factores como la edad de los habitantes, la dispersión y el coste de los servicios.
La propuesta incorpora además un fondo climático y permite que cada comunidad ingrese el 5% del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas situadas en su territorio.
El CPFF acordó trabajar en otro instrumento normativo vinculado al fondo de compensación y a los incentivos regionales. Su finalidad será considerar costes relacionados con la población flotante por el turismo o con la extensión de la masa forestal.
Hacienda sostiene que ninguna comunidad recibirá menos recursos que con el sistema actual. El nuevo modelo también ofrecerá la posibilidad de abandonar las entregas a cuenta y recibir los ingresos tributarios en tiempo real.
El sistema vigente fue aprobado hace 17 años y lleva 12 años pendiente de renovación. Para el Gobierno, actualizar la financiación autonómica permitirá reforzar los fondos destinados a sanidad, educación y otros servicios públicos.
La financiación autonómica afronta una votación difícil en el Congreso
Tras el respaldo del CPFF, el Gobierno aprobará “en las próximas semanas” el anteproyecto de ley orgánica. La reforma deberá obtener después mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.
“El Gobierno de España no debe ni puede imponer un modelo”, señaló Arcadi España. El ministro también recordó que “el Congreso tiene la última palabra” y que durante la tramitación “se puede seguir dialogando”.
El principal obstáculo es la posición de Junts. El partido ha anunciado una enmienda a la totalidad porque la propuesta no incluye un concierto económico específico para Cataluña.
Sus votos son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que la financiación autonómica podría quedar bloqueada pese al resultado del CPFF. El Ejecutivo mantiene como objetivo que el sistema comience a aplicarse el 1 de enero.
Las comunidades gobernadas por el PP también esperan que la reforma fracase en el Parlamento. “Esperamos que este modelo se retire y que, si llega al Congreso, no tenga los votos necesarios para aprobarlo”, afirmó la consejera andaluza Carolina España.
La dirigente sostuvo además que “es un modelo pactado con el independentismo”. Castilla-La Mancha lo calificó de “regresivo” por considerar que el criterio de ordinalidad favorece a los territorios con mayor renta.
Asturias también votó en contra. Su consejero, Guillermo Peláez, defendió que la propuesta no garantiza recursos equivalentes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad.
Cataluña, por el contrario, considera que la tramitación parlamentaria abre una oportunidad para mejorar el reparto. Su consellera Alicia Romero recordó que “llevamos 12 años con un modelo caducado”.
La propuesta de financiación autonómica ha superado así su primera votación, pero su recorrido legislativo acaba de comenzar. La mayoría absoluta del Congreso será la prueba decisiva para determinar si finalmente entra en vigor.
