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El Tribunal Supremo ha tomado una decisión histórica al enviar a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos por la filtración del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La resolución ha supuesto un terremoto político que impacta directamente en el Gobierno de Pedro Sánchez, obligado ahora a gestionar las consecuencias institucionales y partidistas de este proceso.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor de la causa, ha fijado además una fianza de 150.000 euros que deberá depositar el fiscal en cinco días. En caso contrario, se procederá al embargo de bienes para asegurar la cantidad. El auto judicial señala que García Ortiz "indiciariamente, reveló secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo".
Un juicio con fianza millonaria y posibles penas de cárcel
El juez Hurtado ha acordado la apertura de juicio oral al fiscal general por dar publicidad a una información considerada confidencial y amparada por protocolos de discreción firmados entre la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía. Según el magistrado, la actuación de García Ortiz "pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta".
La acusación reclama hasta cuatro años de prisión e inhabilitación, aunque la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales eleva la petición a seis años. Pese a ello, el Supremo ha rechazado suspenderle en sus funciones de manera cautelar, argumentando que existe un "vacío legal" en la normativa aplicable al fiscal general.
El respaldo del PSOE y Sumar: presunción de inocencia en el centro del debate
El caso ha provocado un fuerte choque político. El PSOE cerró filas en torno a García Ortiz, reivindicando la presunción de inocencia. El portavoz socialista, Patxi López, afirmó: "Yo siempre estaré con quien defiende la verdad y con la presunción de inocencia".
Desde Sumar, Verónica Barbero criticó que el proceso no respeta las garantías básicas: "No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia, y esto es lo que está pasando". También ERC mostró su indignación, calificando de "inaudito" que se siente en el banquillo al fiscal general del Estado.
La oposición presiona a Sánchez y exige dimisiones inmediatas
En el otro extremo, la oposición ha intensificado su presión sobre el Ejecutivo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguró que García Ortiz "está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace".
Para Muñoz, lo ocurrido "era previsible" y, aunque reconoció el derecho del fiscal a defenderse, consideró que debería haber dimitido ya por una cuestión "ética y moral".
Los populares insisten en que, en cualquier país democrático, un fiscal general enjuiciado habría presentado su renuncia inmediata. Con este argumento, el PP eleva la presión sobre Sánchez, buscando desgastar al Gobierno en un terreno especialmente sensible: la credibilidad institucional.
Un juicio histórico que marcará la agenda política
El juicio, que previsiblemente se celebrará en noviembre, estará presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta y contará con un tribunal compuesto por siete jueces, entre ellos Manuel Marchena y Carmen Lamela. La expectación es máxima, ya que nunca antes un fiscal general del Estado había sido procesado en estas condiciones.
Más allá del desenlace judicial, el caso García Ortiz ya ha tenido un efecto devastador en el debate político. El Gobierno lo defiende, la oposición lo utiliza como arma de desgaste y la ciudadanía observa con inquietud cómo la máxima figura del Ministerio Fiscal se enfrenta a un proceso que cuestiona la solidez institucional.