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En una legislatura marcada por la polarización política y la tensión institucional, las fricciones entre el Congreso y el Senado se han agudizado en las últimas semanas. La falta de consenso sobre el proceso legislativo ha reavivado antiguos debates sobre la función real de la Cámara Alta en el entramado parlamentario.
El Senado, dominado por mayoría absoluta del PP, ha anunciado que presentará un requerimiento formal al Congreso de los Diputados para que desbloquee las proposiciones de ley que la Cámara Alta ha remitido. Si no hay respuesta, el Senado podría recurrir al Tribunal Constitucional por un presunto conflicto de atribuciones.
El Senado denuncia un bloqueo sistemático del Congreso
Según ha detallado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el Congreso mantiene bloqueadas 36 proposiciones de ley remitidas por el Senado. Estas iniciativas no han sido llevadas al Pleno de la Cámara Baja y permanecen en fase de enmiendas debido a sucesivas prórrogas aprobadas por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría.
“El Senado es tan legítimo como el Congreso para tramitar nuevas leyes”, afirmó García. A juicio del PP, esta práctica “podría ser contraria al Reglamento del Congreso y además arbitraria y discriminatoria”. Según el documento registrado por los populares en la Cámara Alta, el reglamento solo permite una prórroga singular del plazo de enmiendas, por lo que las sucesivas extensiones serían, dicen, una vulneración de los derechos parlamentarios.
Acusaciones cruzadas y argumentos jurídicos enfrentados
Desde el Senado, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había denunciado el pasado 30 de septiembre que “el Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del Gobierno”. En esa línea, la portavoz popular calificó la situación como un “congelador antidemocrático” causado por “el miedo a perder votaciones” por parte del Ejecutivo y sus socios parlamentarios.
Del otro lado, fuentes del Congreso citadas por EFE niegan que exista ningún bloqueo irregular. “El Congreso defiende sus competencias para ordenar el proceso legislativo”, indicaron. Recuerdan que el artículo 91.1 del Reglamento del Congreso respalda a la Mesa en su facultad para prorrogar plazos y gestionar la tramitación de iniciativas parlamentarias.
Estas mismas fuentes lamentaron que “la normalidad del sistema democrático les gusta tan solo cuando les favorece”, en referencia a la etapa en la que el PP tenía mayoría en el Congreso. Y añadieron una advertencia política: “Convendría no usar las instituciones como una sucursal de la calle Génova”.
El Tribunal Constitucional, última vía para resolver el conflicto
Con la aprobación del requerimiento, se abre ahora un plazo de un mes en el que el Congreso podría responder o desestimar el planteamiento del Senado. Si no se llega a una solución, el Senado podría presentar formalmente un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
Cabe destacar que en los últimos dos años se han registrado más conflictos institucionales entre Senado, Congreso y Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores. De hecho, hasta la actual, esta herramienta jurídica se había utilizado solo en cinco ocasiones desde la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Desde el Congreso, no temen el desenlace. “La experiencia judicial nos dice dónde acaban todas estas reclamaciones judiciales del Senado, que lo único que hacen es gastar dinero y recursos de los españoles”, afirmaron fuentes de la Cámara Baja.
Mientras tanto, la tensión entre ambas cámaras continúa escalando en una legislatura en la que las diferencias políticas se trasladan a las instituciones. La decisión final podría sentar un precedente sobre los límites del poder de cada Cámara en el proceso legislativo español.