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La figura de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sigue en el ojo del huracán. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha llevado su queja al Tribunal Supremo, acusándolo de "revelación de secretos" al filtrar un correo de su abogado con detalles sobre su presunto fraude fiscal.
La petición de pena llega acompañada de medidas que no dejan margen: cuatro años de prisión, tres de suspensión de empleo, inhabilitación para ejercer como fiscal, y una multa cercana a los 108.000 euros, a lo que suma una indemnización de 300.000 euros por daños morales.
Acusación y reparto de responsabilidades
El reclamo también señala a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria del mismo delito. Para ella, pide tres años de cárcel, dos de suspensión, inhabilitación especial y una multa de 36.000 euros.
La acusación del empresario distribuye responsabilidades: un 60% para García Ortiz y un 40% para Rodríguez, como coautora.
La base de la acusación recae en la filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024, donde su abogado admitía delitos fiscales. El acusado García Ortiz habría filtrado esa comunicación a un medio con el fin de "construir un relato político" en contra de González Amador.
Según la defensa, su negativa a devolver el móvil usado durante esos días apunta a que podría contener pruebas incriminatorias.
Petición de fianzas y peso de otras acusaciones
Manos Limpias respalda la petición de cuatro años para García Ortiz, y eleva la multa hasta los 216.000 euros. Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, por un delito en concurso con prevaricación.
Además, se solicita una fianza de 400.000 euros para garantizar la responsabilidad civil futura en el eventual juicio. Todo ello suma una presión creciente sobre el fiscal general, mientras siguen las apelaciones de los fiscales implicados.
Implicaciones políticas y judiciales del caso
La causa ha trascendido el ámbito judicial y ha prendido la mecha del debate político. Su pareja, Ayuso, y el PSOE han cruzado acusaciones mientras se ventilan supuestas filtraciones desde el entorno de Presidencia y Moncloa.
El fiscal general, García Ortiz, defiende su inocencia y rechaza dimitir. Según él, no hay indicios objetivos que sustenten las acusaciones, y cuestiona la supuesta publicación previa del correo, que atribuye al entorno del propio González Amador.
