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En España, el acceso al aborto es gratuito, desde los 16 años y libre hasta las 14 semanas de gestación. Este plazo puede ampliarse en casos de riesgo para la salud o anomalías graves del feto, según lo establece la ley del aborto aprobada en 2010 y reforzada con la reforma de 2023.
El marco legal actual también contempla que, a partir de la semana 22, se permita interrumpir el embarazo en situaciones de enfermedad extremadamente grave o anomalía incompatible con la vida. Para ello, es necesario un dictamen médico emitido por un comité clínico, en el que la mujer puede elegir a uno de sus miembros, excluyendo a los médicos objetores de conciencia.
Aborto en España: requisitos, métodos y derechos de las mujeres
La normativa establece que las menores de 16 años necesitan la autorización expresa de un tutor legal para acceder al aborto. En caso de no obtenerla, existe la vía judicial para lograrlo.
En cuanto a los procedimientos, la mujer puede optar entre el método farmacológico o el instrumental, teniendo derecho a recibir información clara sobre ambos. La decisión final será suya, salvo que una causa médica lo desaconseje.
Además, la ley reconoce el derecho a solicitar baja médica tras una interrupción, ya sea voluntaria o espontánea. El primer día se percibe el salario íntegro a cargo de la empresa, mientras que a partir del segundo la Seguridad Social cubre el 60%.
Recorrido histórico de la ley del aborto en España
El aborto en España ha pasado por diferentes etapas. En 1985, bajo el gobierno de Felipe González, se despenalizó en tres supuestos: violación, malformaciones del feto o riesgo grave para la madre.
En 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la "ley de plazos", que permitió el aborto libre hasta las 14 semanas. En 2015, el PP limitó la autonomía de las menores de 16 y 17 años, obligándolas a contar con consentimiento paterno.
La última reforma, en 2023, impulsada por el Ministerio de Igualdad, eliminó el plazo de reflexión obligatorio, creó un registro de objetores de conciencia y devolvió la capacidad de decisión a las mayores de 16 años. Ese mismo año, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso del PP y blindó el aborto como derecho.
Desigualdad territorial y debate sobre blindaje constitucional
Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 hubo 12 provincias que no practicaron abortos, entre ellas Jaén, Soria y Cáceres. Esto obliga a muchas mujeres a desplazarse a otras comunidades para acceder al procedimiento.
Otro dato relevante es que el 78,7% de los abortos realizados en 2024 se practicaron en centros privados, a pesar de que la reforma de 2023 buscaba garantizar este derecho dentro de la sanidad pública.
Frente a este panorama, el Gobierno ha anunciado su intención de "blindar el aborto en la Constitución", con el objetivo de que España se convierta en el segundo país del mundo en reconocerlo como derecho fundamental, tras Francia en 2024.