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El juez Ismael Moreno ha decidido unificar la pieza separada del caso Koldo en la que investiga presuntas mordidas en contratos de obra pública con la causa remitida por el Tribunal Supremo de España tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su condición de diputado. La decisión implica que todas las actuaciones relacionadas con este aspecto de la trama se investiguen de manera conjunta en la Audiencia Nacional.
Con esta resolución, el magistrado integra en la misma pieza a un total de 14 imputados vinculados a supuestas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. Entre ellos figuran responsables políticos, empresarios y exdirectivos de compañías constructoras presuntamente implicadas en la trama.
¿Qué decisión tomó el juez sobre la investigación de las mordidas en obra pública?
El titular de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2 -antiguo Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional- adoptó la decisión mediante una providencia, a la que tuvo acceso EFE, tras recibir un informe de la Fiscalía sobre la conveniencia de unificar la causa remitida por el Tribunal Supremo.
La investigación se integrará en la pieza separada 65/23, abierta el pasado mes de junio en el marco de las pesquisas contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por presuntas mordidas en contratos de obra pública.
Entre los imputados figuran, además de ambos y del exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García, el comisionista Víctor de Aldama y el propietario de Servinabar Antxon Alonso.
También están investigados varios exdirectivos de Acciona, entre ellos Fernando Agustín Merino y Justo Vicente Pelegrini, así como Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía tras un informe de la Guardia Civil posterior a su imputación en el Tribunal Supremo.
Asimismo, pasarán a ser investigados en la Audiencia Nacional otros empresarios como Joseba Antxón Alonso, a quien la UCO considera socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antonio y Daniel Fernández, vinculados a la constructora OPR, y José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción.
Koldo García pidió su excarcelación antes del juicio
El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo su “inmediata” puesta en libertad ante la “inexistencia de riesgo de fuga” y al considerar que seguir en prisión será “un obstáculo insalvable” para su derecho de defensa por las dificultades de preparar el juicio con su abogada si está en la cárcel.
La petición se produce después de que el Supremo fijara para el próximo 7 de abril el inicio del juicio por presuntas mordidas en contratos públicos de mascarillas contra García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en prisión preventiva desde noviembre, y el comisionista Víctor de Aldama.
En su escrito, al que tuvo acceso EFE, la abogada Leticia de la Hoz sostiene que mantener a su defendido en prisión generaría una “indefensión real y efectiva”, ya que le impediría colaborar adecuadamente en la preparación del juicio y asesorar a su defensa sobre aspectos de los hechos que, según la letrada, solo él conoce de forma directa.