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La Unión Europea ha establecido una normativa que representa un avance considerable hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera radical el mercado inmobiliario.
A partir de 2030, solo se permitirá la venta o el alquiler de viviendas que cumplan con ciertos estándares energéticos. Con esta normativa, Bruselas busca alinear el sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo.
Esta exigencia no solo tendrá un impacto en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales.
Las repercusiones serán significativas si no se actúa con anticipación. La medida tendrá un impacto notable en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos.
¿Por qué la UE limita la venta de viviendas con baja eficiencia energética?
A partir del 1 de enero de 2030, será ilegal comercializar cualquier vivienda en la Unión Europea que no posea al menos una calificación energética de tipo E. Esta normativa excluirá las propiedades con calificaciones F y G, que actualmente son las más comunes en el mercado español.
Tres años después, en 2033, el mínimo exigido ascenderá a la letra D. Esta estrategia tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda.
En España, más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más frecuente, seguida de las calificaciones F y G.
Esto implica que millones de viviendas deberán ser sometidas a reformas significativas para cumplir con la normativa europea.
De no hacerlo, no podrán ser comercializadas ni alquiladas, lo que podría afectar negativamente el valor de dichos inmuebles y provocar un efecto dominó en el mercado.
Certificado de Eficiencia Energética: qué es y cómo obtenerlo
Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), es imperativo que los propietarios se pongan en contacto con un técnico autorizado, quien llevará a cabo una evaluación exhaustiva de diversos aspectos de la vivienda, tales como los materiales de construcción, la orientación, el tipo de ventanas, la calidad del aislamiento y los sistemas de climatización, entre otros factores relevantes.
Con base en estos elementos, el profesional asignará una calificación que oscila desde la A (muy eficiente) hasta la G (muy ineficiente).
Este certificado, que es obligatorio desde el año 2013, tiene una vigencia de diez años, salvo en el caso de las viviendas con calificación G, donde la renovación debe realizarse cada cinco años.
La falta de un CEE válido puede resultar en sanciones que varían entre 300 euros y 6000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
A medida que se acerque el plazo de 2030, se anticipa un incremento en la demanda de técnicos certificadores y en la necesidad de reformas energéticas, lo que ya ha suscitado inquietudes en las asociaciones del sector inmobiliario.