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Uno de los aspectos más relevantes al formalizar un contrato de alquiler en España y establecer una relación con el propietario es cómo se gestionarán los gastos cotidianos y si estos podrían afectar el importe mensual de la renta. Entre estos gastos, uno de los más debatidos es la comunidad de vecinos.
Aunque muchos inquilinos suponen que este gasto debe ser asumido por el propietario, la realidad es que no siempre es así y en ciertos casos puede recaer sobre el arrendatario.
Los propietarios pueden exigir a los inquilinos el pago de la tasa de basuras con esta cláusula en el contrato de alquiler
En el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos se establece que: “Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario”.
En otras palabras, en caso de acuerdo entre inquilino y propietario, el inquilino asumirá dichos gastos, que pueden incluir los de comunidad. El pacto debe reflejarse por escrito, es decir, en el contrato de alquiler que firmen ambas partes.
Para ello, es necesario incluirlo en una cláusula dentro del documento, que no solo debe reconocer el pago de la comunidad por parte del inquilino, sino también especificar el importe anual que le supondrán los gastos por este concepto.
Por lo tanto, antes de discutir a quién le corresponde pagar la comunidad, resulta imprescindible acudir al contrato de alquiler: si no hay cláusulas que lo especifiquen, el inquilino no está obligado a pagar la comunidad.
¿Es posible que los gastos de comunidad aumenten y los pague el inquilino?
Sí, esta circunstancia está contemplada por la ley, que permite el incremento de los gastos a pagar por el inquilino en revisiones anuales y hasta que se cumplan los cinco años de vigencia del contrato cuando se firma con personas físicas.
Lo único que exige la LAU es que la subida no supere el doble del porcentaje de actualización de la renta que se calcula con el IPC (Índice de Precios al Consumo) o el IRAV (Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda).
