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El futuro de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell quedó en suspenso tras el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que avaló la operación bajo ciertas condiciones. Sin embargo, el Gobierno aún no se ha pronunciado de forma definitiva. El Ministerio de Economía, que encabeza Carlos Cuerpo, ha optado por la cautela: analizará "con rigor y detalle" el informe antes de tomar una decisión.
"El análisis será exhaustivo y se hará con máxima prudencia", subrayaron fuentes del Ministerio. El Ejecutivo cuenta ahora con un plazo de 15 días para resolver si eleva el caso al Consejo de Ministros, paso clave para confirmar o modificar las condiciones impuestas por Competencia. Aún no está claro si se requerirán nuevos compromisos para proteger intereses generales distintos a la libre competencia, como la innovación, la seguridad nacional o la estabilidad social.
Desde Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero también pidió tiempo: "Es prematuro saber qué decisión tomará el Gobierno. Aún no se ha recibido oficialmente el informe", declaró este 1 de mayo. Montero agregó que están "conociendo detalles por los medios" y que la postura del Ejecutivo se definirá "una vez se estudien con rigor las condiciones planteadas por la CNMC y la respuesta del BBVA".
Sindicatos y oposición social rechazan la fusión bancaria
Mientras el Gobierno sigue en modo análisis, la reacción de los sindicatos no se hizo esperar. En plena manifestación por el Día del Trabajador, los secretarios generales de UGT y CCOO,Pepe Álvarez y Unai Sordo, se manifestaron en contra de la fusión. "Hay que evitar que en España se siga dando un proceso de concentración financiera que perjudica a los trabajadores y a la ciudadanía", advirtió Sordo.
El líder de UGT fue más allá y acusó directamente a la CNMC de "plegarse a los intereses de la gran banca". Para Álvarez, "España tiene pocas entidades financieras y estos procesos reducen las plantillas". Según él, "los ciudadanos tendremos menos atención en las sucursales y habrá menos competencia".
La operación también abrió un debate más amplio sobre el modelo de banca en España. Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida, aprovechó la ocasión para reclamar la creación de una banca pública: "Se habla mucho de soberanía, pero una banca controlada por el Estado permitiría orientar el crédito hacia el bienestar y no solo hacia beneficios privados", sostuvo.
¿Puede el Gobierno frenar la fusión BBVA-Sabadell?
La Ley de Defensa de la Competencia de 2007 faculta al Gobierno a intervenir en operaciones de concentración como esta si hay razones de interés general justificadas. De hecho, si el Ministerio de Economía eleva el asunto al Consejo de Ministros, el Ejecutivo podrá decidir en un mes si confirma la resolución de la CNMC o impone nuevas condiciones.
Aunque no existen precedentes en los que el Gobierno haya endurecido los términos de una fusión bancaria aprobada por la CNMC, esta vez el contexto político y social podría marcar la diferencia. La fuerte oposición sindical, la escasa competencia en el sistema financiero y la presión de sectores de izquierda abren un escenario incierto.
Con información de EFE.