En esta noticia
En las últimas décadas, la crisis de viviendas en España se ha intensificado hasta alcanzar su estado actual y eso se puede ver reflejado en las estadísticas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares vivía de alquiler, un aumento respecto a los datos del año anterior.
Ante estas problemáticas, la legislación española ha decidido tomar medidas para apaciguar la crisis de viviendas y el crecimiento de los alquileres turísticos. La nueva reforma de la Ley de Vivienda, conocida como la ley de alquileres, trae grandes cambios para aquellos que alquilan una vivienda en España.
Dentro de esta reforma, surge como uno de los puntos principales la Ley por el Derecho a la vivienda, un mecanismo legal pensado para poder incrementar la oferta de vivienda económica y garantizar un mayor acceso para jóvenes y colectivos vulnerables.
La nueva norma permite que ciertos arrendatarios permanezcan en sus viviendas, incluso si dejan de pagar la renta. Este cambio, aunque busca equilibrar derechos, enciende las alarmas entre propietarios y expertos en el sector inmobiliario.
Los inquilinos podrán permanecer en la vivienda, aunque no puedan pagar el alquiler
La Ley de Vivienda establece nuevas directrices para los propietarios en caso de impago del alquiler. Sin embargo, también contempla circunstancias en las que el desalojo se suspenderá debido a la vulnerabilidad del inquilino.
Bajo esta nueva normativa, los procedimientos para desalojar a los inquilinos se extienden considerablemente. En caso de que un inquilino deje de pagar, la ley estipula que los tribunales pueden suspender el desahucio por un periodo de entre dos y cuatro meses, dependiendo de si el propietario es una persona física o jurídica.
La Ley introduce una serie de pasos que extienden significativamente los procesos de desahucio. Los tribunales ahora deben evaluar si el inquilino se encuentra en una situación de vulnerabilidad antes de emitir una orden de desalojo. Esto puede incluir la suspensión de la vista judicial o el aplazamiento de los plazos legales, dando tiempo a los inquilinos para buscar alternativas habitacionales o resolver su situación económica.
¿Quiénes son los inquilinos que pueden quedarse en el alquiler aunque no puedan pagarlo?
Para que un inquilino sea considerado en situación de vulnerabilidad, debe cumplir ciertos requisitos estrictos establecidos por la ley. Algunos de los criterios para demostrar estar en situación de vulnerabilidad económica son:
- Ingresos familiares limitados: los ingresos totales del hogar no deben superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con ajustes para familias con hijos, personas mayores o con discapacidad.
- Certificación de vulnerabilidad: es obligatorio presentar documentación que acredite la pérdida de empleo o ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
- Mediación previa: se requiere que los inquilinos hayan intentado llegar a un acuerdo con el propietario antes de solicitar medidas judiciales.
¿Cuál es el impacto de la ley en los propietarios y el mercado inmobiliario?
La Ley por el Derecho a la Vivienda tiene implicaciones significativas tanto para los propietarios como para los inquilinos. Mientras que las administraciones públicas buscan reducir las desigualdades habitacionales, los arrendadores enfrentan un panorama incierto. Algunos de los efectos destacados de este panorama incierto en España incluyen:
- Mayor desconfianza entre los propietarios: ante el riesgo de impagos prolongados, muchos endurecen las condiciones de alquiler.
- Reducción de la oferta de viviendas: algunos arrendadores optan por retirar sus propiedades del mercado tradicional para destinarlas a alquileres turísticos.
- Conflictos judiciales prolongados: la subjetividad en la aplicación del concepto de vulnerabilidad puede derivar en procesos judiciales extensos.
