El Gobierno de Pedro Sánchez decidió posponer hasta septiembre la aprobación del nuevo real decreto ley de vivienda, prevista inicialmente para el Consejo de Ministros de este martes, al no reunir los apoyos parlamentarios necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso.
El principal obstáculo se encuentra en el rechazo de Podemos a la reforma de la ley del suelo incluida en el texto y en la petición de Junts de disponer de más tiempo para negociar cambios.
Desde el Ministerio de Vivienda sostuvieron que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo “amplio” y “transversal” que permita impulsar medidas para estabilizar el mercado del alquiler y ampliar la oferta de vivienda asequible. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que la complejidad del decreto y la falta de consenso obligaron a extender las negociaciones durante el verano.
¿Por qué el Gobierno no logró reunir los votos para aprobar el decreto?
El Ejecutivo llevaba semanas negociando con los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez con el propósito de construir un paquete que incorporara propuestas de distintas fuerzas políticas. El borrador incluía la prórroga de los contratos de alquiler, una reforma de la ley del suelo, incentivos fiscales para propietarios, la regulación del alquiler de temporada y la suspensión de determinados desahucios.
La estrategia no alcanzó. Podemos rechazó de forma tajante la modificación de la ley del suelo, al considerar que favorece la especulación urbanística y los llamados “pelotazos”. La formación advirtió que esa reforma constituye una “línea roja” y reclamó aprobar únicamente las medidas urgentes relacionadas con la vivienda, como la ampliación de los contratos de alquiler y la moratoria de desahucios.
Junts también condicionó su apoyo y solicitó más tiempo para negociar. El partido catalán propuso introducir nuevas medidas fiscales, revisar la regulación de los desahucios y modificar algunos aspectos del alquiler de temporada, además de reclamar un cambio profundo en la política de vivienda del Gobierno.
El texto que continuará en negociación contempla la prórroga de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028, una regulación específica para los alquileres temporales y por habitaciones, además de beneficios fiscales destinados a propietarios que reduzcan el precio de la renta.
El proyecto también incorpora un IVA general del 21% para los alquileres turísticos con el objetivo de desincentivar esta modalidad y favorecer el alquiler residencial. Asimismo, endurece las sanciones contra las plataformas que comercialicen alojamientos turísticos sin licencia o sin número de registro, con multas que podrían alcanzar el millón de euros.
Mientras Sumar mantiene la confianza en alcanzar un acuerdo durante septiembre, el resto de los partidos mantiene posiciones enfrentadas. ERC responsabilizó al PSOE por no haber impulsado antes una regulación más estricta del alquiler temporal; el PP celebró el aplazamiento del decreto y reclamó medidas centradas en construir más vivienda y combatir la ocupación ilegal; y organizaciones ecologistas e inquilinos pidieron retirar la reforma de la ley del suelo para facilitar un consenso que permita aprobar las medidas consideradas más urgentes frente a la crisis de acceso a la vivienda.