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En un movimiento sin precedentes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb retirar 65.935 anuncios de viviendas turísticas por incumplir la normativa vigente en España.
La decisión, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, marca un hito en la regulación del mercado de alquileres de corta duración, que ha sido objeto de creciente preocupación por su impacto en la disponibilidad y el precio de la vivienda para los residentes locales.
La resolución afecta a propiedades ubicadas en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco, donde se han detectado irregularidades como la ausencia de número de licencia, la falta de información sobre la naturaleza jurídica del arrendador o el uso de licencias falsas.
Una respuesta a la crisis de vivienda
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido la medida como una acción necesaria para combatir la ilegalidad en el sector. "Ningún interés económico por encima del derecho a la vivienda. Ninguna empresa por encima de la ley", afirmó a la agencia EFE.
La proliferación de pisos turísticos ha sido señalada como una de las causas del aumento de los precios del alquiler en zonas urbanas y turísticas, desplazando a los residentes y generando tensiones sociales.
En ciudades como Barcelona, las autoridades locales han anunciado planes para eliminar los alquileres turísticos a corto plazo para 2028, en un esfuerzo por recuperar viviendas para uso residencial.
Airbnb cuestiona la competencia del Ministerio
Por su parte, Airbnb ha anunciado que recurrirá la decisión, argumentando que el Ministerio de Consumo no tiene competencias para regular el mercado de alquileres turísticos y que la metodología utilizada para identificar los anuncios ilegales es indiscriminada.
La plataforma sostiene que actúa como intermediario y que son los anfitriones quienes deben cumplir con las normativas locales.
Sin embargo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la actuación del Ministerio y ordena la retirada inmediata de una primera tanda de 5800 anuncios.
Esta decisión podría sentar un precedente para futuras acciones contra otras plataformas de alquiler turístico que operen al margen de la legalidad.
Hacia una regulación más estricta
La orden de retirada de anuncios se enmarca en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para regular el mercado de alquiler turístico y proteger el acceso a la vivienda.
El Ministerio de Consumo también ha abierto expedientes sancionadores contra plataformas y gestores que no cumplen con la normativa. En Galicia, por ejemplo, se ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Vigo para identificar y precintar las viviendas turísticas ilegales en la ciudad.
Estas acciones reflejan un cambio en la política pública hacia una mayor intervención en el mercado de alquileres de corta duración, con el objetivo de equilibrar los intereses del turismo con los derechos de los residentes.