En esta noticia
El Gobierno español está desarrollando una nueva normativa que impondrá mayores obligaciones a las entidades financieras para combatir el fraude fiscal y garantizar una mayor transparencia en las transacciones electrónicas. A partir de 2025, los emisores de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago deberán presentar un informe sobre los movimientos financieros de sus clientes.
Esta medida tiene como objetivo fortalecer la supervisión de operaciones de alto valor y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Además, se integra en una estrategia más amplia para prevenir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en un contexto de creciente digitalización de los pagos.
Con esta nueva normativa, Hacienda tendrá acceso a información más detallada sobre las transacciones realizadas con tarjetas, aplicaciones de pago móvil (como Bizum) y monederos electrónicos. Esto podría generar un impacto significativo en la forma en que los ciudadanos y empresas gestionan sus movimientos financieros.
Funcionamiento del nuevo control fiscal de Hacienda
A partir del año 2025, todas las entidades emisoras de tarjetas estarán obligadas a presentar una declaración anual sobre las operaciones de sus clientes que, en su conjunto, superen los 25.000 euros anuales por tarjeta. Esta obligación incluirá:
- Identificación del titular de la tarjeta, ya sea persona física o jurídica.
- Número total de transacciones realizadas durante el año.
- Importe global de las operaciones, abarcando tanto compras como retiradas de efectivo.
Este informe se aplicará no solo a las tarjetas tradicionales, sino también a tarjetas virtuales, de prepago y monederos electrónicos, sin distinción de la moneda en la que se realicen los pagos. La primera declaración conforme a esta normativa deberá presentarse en 2026, reflejando los movimientos correspondientes al año anterior.
Impacto del decreto en empresas y autónomos
El decreto establece que las entidades financieras también deberán informar mensualmente sobre los cobros realizados por empresarios y autónomos a través de tarjetas, Bizum o PayPal, sin considerar el importe de las transacciones. Para los profesionales, será esencial llevar un registro más riguroso de sus ingresos a fin de cumplir con las exigencias fiscales y evitar posibles sanciones que puedan derivarse de un incumplimiento.
No obstante, la normativa ha suscitado opiniones encontradas. Mientras que algunos sectores la consideran un paso necesario para fortalecer la transparencia fiscal y combatir el fraude, otros manifiestan su preocupación por el incremento de la carga administrativa que esto implicará para las entidades emisoras y el potencial impacto en la privacidad de los usuarios.