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En buena parte de la Unión Europea, incluir el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en las facturas de autónomos y pequeñas empresas con bajos ingresos está dejando de ser obligatorio; es una opción que buscan los Estados miembros para aligerar la carga fiscal y administrativa de los negocios más pequeños.
Esta evolución se articula a través de una directiva comunitaria que debía haber sido adoptada por todos los países de la UE antes de 2025. En España, sin embargo, esta realidad es distinta.
A pesar de la nueva normativa europea y de las promesas de reforma, los autónomos españoles siguen teniendo que repercutir, declarar y pagar el IVA, aunque facturen menos de 85.000 euros al año, una situación única dentro del mercado común europeo.
España y el IVA franquiciado: una ventaja pendiente
La Directiva (UE) 2020/285, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, estableció un régimen especial de IVA para pequeñas empresas y autónomos cuyo volumen de facturación anual no supere 85.000 euros, con el objetivo de permitir que esos negocios no tengan que incluir IVA en sus facturas ni gestionar complejas obligaciones tributarias.
Este régimen, conocido como IVA franquiciado, está diseñado para reducir la burocracia y facilitar la operativa de los trabajadores por cuenta propia. En teoría, países como Francia e Italia, que ya manejan umbrales similares o inferiores, han adoptado sistemas donde los pequeños negocios pueden acogerse a estas exenciones. Fuera del ámbito comunitario, algunos miembros implementan distintos umbrales o condiciones, pero siempre con la intención de aliviar la carga del impuesto para autónomos con ingresos modestos.
No obstante, en España esta medida no ha sido traspuesta ni aplicada a fecha de 2026. Aunque la directiva permite que cada Estado miembro establezca un umbral de exención de hasta 85.000 euros y otros mecanismos simplificados, nuestro país continúa sin desarrollar el régimen en su legislación interna, lo que obliga a los autónomos a cargar IVA desde el primer euro de facturación.
El coste real para los trabajadores por cuenta propia
La ausencia del IVA franquiciado en España no es un problema menor. Según estimaciones recientes de asociaciones de autónomos, la falta de implementación de la exención de IVA podría estar costando a estos trabajadores cientos de millones de euros al año, debido a la carga fiscal adicional y al tiempo dedicado a gestiones administrativas.
Más allá de la cuestión económica directa, expertos señalan que esta situación coloca a los autónomos españoles en desventaja competitiva frente al resto de la UE. Al no poder aplicar la exención interna, estos profesionales enfrentan mayores costes de cumplimiento y complejidad en sus obligaciones tributarias, lo que, según críticos, les resta flexibilidad para crecer o competir con pares europeos.
Asociaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han llegado incluso a pedir a la Comisión Europea que sancione a España por no adaptar su legislación a la directiva comunitaria, alegando que el país es actualmente el único Estado miembro que no aplica esta exención para autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros.
¿Qué ocurre con la normativa europea y cómo funciona en otros países?
La normativa comunitaria vigente permite a cada Estado miembro establecer un umbral de exención de IVA de hasta 85.000 euros (o equivalente en moneda local), siempre que cumpla con los requisitos de la directiva. Además, existe un umbral adicional de 100.000 euros para operaciones intracomunitarias, que facilita aún más la actividad transfronteriza de pequeños negocios bajo el denominado esquema SME de IVA.
En varios países europeos estos umbrales se han adoptado o existen sistemas similares que eximen del IVA a negocios con ingresos reducidos. Este enfoque no solo busca aligerar la carga tributaria, sino que también disminuye los costes de cumplimiento y fomenta la creación de empresas.
En España, la falta de implementación del IVA franquiciado a nivel interno deja a los autónomos en una situación atípica dentro del mercado único. La decisión de no aplicar la exención por debajo de los 85.000 euros ha desencadenado críticas, procesos de infracción y debates políticos sobre la competitividad y la carga fiscal que pesa sobre los trabajadores por cuenta propia.
Retos y expectativas para 2026
Aunque el marco europeo ya contempla el IVA especial para pequeñas empresas desde inicios de 2025, la trasposición en España sigue bloqueada o sin avances concretos, obligando a muchos autónomos a seguir con el régimen tradicional de IVA. Las negociaciones políticas y la complejidad de las reformas fiscales han retrasado la adopción de estas medidas que, en otros países europeos, ya son una realidad o están en vías de consolidación.
Quedan meses claves por delante para decidir si España finalmente ajustará su normativa para equipararse con el resto de la UE o si persistirá en su enfoque actual, que mantiene a los autónomos en el pago del IVA independientemente de su volumen de facturación.