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La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece reglas claras sobre cuánto puede subir el alquiler y en qué casos un propietario puede rescindir el contrato. En un contexto de precios récord y alta demanda, entender estas normas es clave para proteger tus derechos como inquilino.
En enero, el precio medio del alquiler aumentó un 15 % interanual, el mayor incremento desde 2018, alcanzando 13,55 euros/m². Esto significa que un piso de 80 m² cuesta de media 1084 euros al mes. Con este panorama, muchos se preguntan qué pasará al cumplir cinco años de contrato.
¿Puede un propietario subir el alquiler después del quinto año?
Un propietario subir el alquiler, pero solo dentro de los límites legales. La ley indica que la subida debe ajustarse al Índice de Precios al Consumo (IPC) o al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), evitando aumentos desproporcionados.
Por ejemplo, si la inflación anual es del 3%, el alquiler podrá subir en ese mismo porcentaje. Cualquier subida fuera de estos índices podría ser considerada ilegal.
Qué pasa con el contrato al cumplir cinco años
Cuando un contrato alcanza los cinco años (siete si el arrendador es una empresa), el propietario puede decidir no renovarlo, pero debe notificarlo por escrito con al menos cuatro meses de antelación.
Si la notificación llega con menos de cuatro meses, la ley extiende automáticamente el contrato por tres años más, y solo el inquilino podrá decidir si se queda o se marcha. En este periodo, el propietario no podrá rescindir el contrato hasta el octavo año.
Cuál es la única excepción para recuperar la vivienda
El arrendador puede pedir la vivienda antes de tiempo solo si la necesita para uso personal o para un familiar de primer grado, y siempre que sea persona física. Esta cláusula debe estar expresamente incluida en el contrato.
En el caso de contratos firmados con empresas propietarias, la protección del inquilino es mayor: el contrato no puede romperse antes de los siete años.
Consejos prácticos para inquilinos y propietarios
Antes de que un contrato llegue a su fecha de vencimiento, ambas partes deben revisar las condiciones pactadas. El inquilino debe conocer con exactitud cuándo expira el contrato y si existe una cláusula que permita al propietario recuperar la vivienda para uso personal. Esta información evitará malentendidos y posibles conflictos.
Cualquier decisión de no renovar el contrato debe ser notificada por escrito, ya que un aviso verbal carece de validez legal. De la misma forma, ante una propuesta de subida de alquiler, conviene comprobar el valor del IPC o del IRAV antes de aceptar el incremento.
Esto garantiza que la actualización de la renta esté dentro de los márgenes permitidos por la ley.
Tanto propietarios como arrendatarios deberían recurrir a asesoría legal cuando tengan dudas. Un abogado o un servicio especializado en vivienda puede ofrecer orientación precisa y evitar que un mal paso ponga en riesgo los derechos de cualquiera de las partes.
