Las constructoras piden el cobro de los peajes en los 13.674 kilómetros libres de pago

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras abrió esta mañana un debate que en la cultura española es altamente impopular y genera ruido político, como es el pago por el uso de carreteras.

Para Seopan, que entre sus socios aparecen las grandes constructoras del país, como ACS, Ferrovial, Acciona, Abertis, OHLA o Sacyr, la red de carreteras requiere una inversión mínima de 11.494 millones de euros para cubrir el déficit de conservación y mantenimiento acumulado durante las últimas décadas, situación en las que se encuentran los más de 13.000 kilómetros (km) de autovías y autopistas de España exentas de pago.

Estos datos surgen del informe "Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras" presentado en la jornada FAPLE-SEOPAN, en Madrid.

En el trabajo, la patronal recuerda que, actualmente, el mantenimiento de la red viaria española se financia casi exclusivamente a través del presupuesto público, lo que implica que toda la carga económica recae sobre el contribuyente, "independientemente de su uso de las infraestructuras, restando recursos públicos a partidas esenciales como las pensiones, la sanidad o la educación", argumenta Seopan.

Este modelo de tarificación para los 13.674 km de autovías interurbanas actualmente libres de peaje, establece unas tarifas medias de 0,03 céntimos por km para vehículos ligeros y de 0,14 céntimos por km para vehículos pesados, "siendo estas inferiores a las tarifas medias europeas vigentes en los países con mecanismos de pago".

Además, la asociación asegura que estos pagos financiarían las inversiones y permitiría reducir las tarifas de las autopistas existentes hasta igualarlas con las propuestas para el resto de la red tarificada.

De los 11.494 millones de euros en inversiones que hace referencia la patronal, 874 millones irán para adaptar las carreteras a los requisitos de la movilidad conectada y autónoma, cubriendo así el déficit de conservación y mantenimiento que acumuló más de 10.000 millones durante los últimos años, según la Asociación Española de la Carretera.

Otros 1847 millones para mejorar la seguridad vial con la construcción de carreteras 2+1; 547 millones para aparcamientos seguros; 3769 millones en infraestructura de recarga de acceso público del vehículo eléctrico para la instalación de 1585 electrolineras y 10.710 puntos de recarga ultrarrápida (350kW).

Asimismo, están previstos 2084 millones de euros para transición ecológica con sumideros de carbono asociados a la carretera, protección acústica en tramos cercanos a poblaciones de la red de carreteras de gran capacidad con intensidades medias diarias superiores a 8200 vehículos y medidas optimización lumínica.

Por último, se incluyen otros 1540 millones en digitalización y conectividad de sistemas necesarios para permitir la comunicación con el vehículo y la gestión de datos y 833 millones para la implantación de la infraestructura de cobro.

Obligaciones del operador privado

El modelo contempla que, durante los 25 años de concesión la empresa se hará cargo de los gastos de explotación y mantenimiento, representando estos un total de 38.447 millones de euros. Además, incluye el pago de las bonificaciones actualmente aprobadas a las autopistas de peaje que representan 3.781 millones y el pago de un canon anticipado upfront (adelanto del pago a la firma del contrato) de 8088 millones del concesionario a la Administración.

De acuerdo a estos números, Seopan calcula unos ingresos de peaje totales en 25 años de 143.024 millones de euros, con un ahorro de gasto público de 41.038 millones y un retorno fiscal de 35.314 millones.

La asociación también dice que en el caso de considerar el escenario de tarifas medias de la Unión Europea de 0,09 céntimos por km para vehículos ligeros y de 0,18 céntimos por km para vehículos pesados se generarían unos ingresos totales en 25 años de 297.477 millones.

Seopan también recuerda que España el único gran país de la Unión Europea (UE) cuya red de carreteras es mayoritariamente gratuita, concentrando el 68% de las autovías sin peaje de toda Europa.

Además, la carretera es el único modo de transporte en el que los usuarios no pagan por el uso de la infraestructura, "lo que implica que los españoles sí pagan por circular en otros países, mientras que los conductores extranjeros utilizan la red española sin aportar a su mantenimiento".

Rechazo de los transportistas

Cada intento de implementar peajes en las carreteras españolas, los gremios que aglutinan a los profesionales del transporte, mostraron su rotundo rechazo. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) manifestó su firme oposición a la intención de las concesionarias de autopistas de instaurar nuevos peajes para el transporte pesado.

Además de calificar de "injusto" el modelo propuesto por los constructores, recuerda que el colectivo ya contribuye "de manera más que suficiente al mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras que utiliza, a través de impuestos como el Especial de Hidrocarburos o el IVA. "El transporte aporta unos 21.000 millones de euros anualmente a las arcas públicas", afirman los transportistas.

Vale recordar que el Gobierno del popular Mariano Rajoy presentó un plan para instalar pórticos en la red de carreteras de alta capacidad para el cobro de un peaje blando con un coste de 500 millones de euros, propuesta que fracasó en la tramitación.

También Pedro Sánchez lo intentó en 2021, incorporando el plan de en la primera lista de reformas que España envió a la Comisión Europea (CE). Tras el ruido político que originó, la medida fue retirada del plan de reformas.