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La Agencia Tributaria ha reforzado en los últimos años la vigilancia sobre los movimientos de efectivo con el objetivo de frenar la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
Los bancos están obligados a informar a Hacienda de los ingresos o retiradas en efectivo superiores a 3000 euros, así como de aquellas operaciones en las que intervengan billetes de 500 euros, independientemente del importe.
Además, cualquier persona que transporte más de 100.000 euros en efectivo dentro de España debe presentar el formulario S1, mientras que si se entra o sale del país con 10.000 euros o más, la declaración es igualmente obligatoria, incluso dentro de la Unión Europea. El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas severas.
¿Qué sanciones se aplican por movimientos irregulares de efectivo?
Las infracciones se clasifican en tres niveles según la cuantía y la gravedad de la operación. Una sanción leve corresponde a movimientos inferiores a 3000 euros y supone un recargo de hasta el 50% de la cantidad no ingresada.
En el caso de una sanción grave, que se aplica cuando se supera esa cifra y existe ocultación, el recargo oscila entre el 50% y el 100%.
La sanción muy grave se reserva a operaciones que superan los 120.000 euros, con indicios de blanqueo, y puede implicar multas de hasta el 150 % de la cantidad no declarada. En todos los casos, tanto los bancos como la propia Agencia Tributaria pueden revisar operaciones sospechosas o sin justificación clara.
¿Por qué se endurecen los controles?
El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y reducir el uso de grandes sumas para fines ilícitos. Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin dar explicaciones, repetir la operación de forma habitual o en cantidades elevadas activa las alertas de Hacienda.
La normativa busca reforzar la seguridad del sistema financiero y mantener bajo control los flujos de efectivo. Por ello, los expertos aconsejan declarar siempre los movimientos que superen los límites fijados para evitar sanciones y asegurar que las transacciones se realizan conforme a la ley.