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Durante años, la extinción inmediata del contrato laboral tras la declaración de incapacidad permanente ha sido una práctica común en muchas empresas. Esta situación, regulada por el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, ha sido motivo de crítica por parte de diversas organizaciones y expertos en derechos laborales. Sin embargo, con la nueva reforma impulsada por el Gobierno, este panorama cambia radicalmente, dando lugar a un marco más inclusivo y equitativo para los trabajadores afectados.
La modificación legal establece que la relación laboral no podrá extinguirse de manera automática tras la declaración de incapacidad permanente. Ahora, las empresas tendrán la obligación de analizar la situación del empleado y explorar opciones como la adaptación del puesto o la reubicación antes de considerar el despido como última instancia. Este cambio busca equilibrar las necesidades empresariales con los derechos de los trabajadores, promoviendo un modelo laboral más justo.
¿Cómo afecta esta reforma a los trabajadores?
Hasta ahora, el artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores permitía la extinción inmediata del contrato en casos de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Este mecanismo dejaba a muchos empleados sin opciones laborales, incluso cuando podían desempeñar otras funciones adaptadas a su situación.
Con la nueva normativa, las empresas estarán obligadas a evaluar cada caso de manera individual y analizar la viabilidad de modificar el puesto de trabajo o reasignar funciones. Solo cuando estas alternativas resulten inviables o impliquen una carga excesiva para la empresa, podrá procederse a la extinción del contrato, garantizando en todo caso la correspondiente indemnización.
¿Cuáles son las nuevas responsabilidades empresariales?
La reforma también impone nuevas obligaciones a las empresas, que ya no podrán limitarse a gestionar un despido automático tras la resolución del INSS. En su lugar, deberán iniciar un proceso de evaluación para determinar si el trabajador puede continuar desempeñando alguna función dentro de la organización.
Esto podría implicar la implementación de mejoras ergonómicas, ajustes en los turnos de trabajo o capacitaciones específicas para facilitar la reinserción del empleado. Aunque esto supone un reto, especialmente para pequeñas y medianas empresas, también representa una oportunidad para fomentar entornos laborales más inclusivos y diversos.
¿Es posible compatibilizar la pensión con un empleo?
Un aspecto clave de esta reforma es la posibilidad de compatibilizar la pensión por incapacidad permanente con un empleo remunerado, siempre que la actividad sea acorde a la situación del trabajador y no represente un riesgo para su salud.
Esta medida beneficia a miles de personas que, pese a recibir una pensión, desean reincorporarse al mercado laboral de forma parcial o con adaptaciones. Además de favorecer la inclusión laboral, permite a los beneficiarios mejorar su situación económica sin renunciar a sus derechos adquiridos. Asimismo, contribuye a la sostenibilidad del sistema al aprovechar la experiencia de profesionales que, de otro modo, quedarían excluidos del mercado laboral.
