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La Agencia Tributaria reforzará en 2026 el control sobre los negocios digitales y la ocultación de ingresos en España, con nuevas herramientas de análisis financiero y más información procedente de plataformas de comercio electrónico y entidades de pago. El objetivo es detectar rentas no declaradas, patrimonios ocultos y prácticas vinculadas a la economía sumergida.
Las nuevas medidas forman parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario 2026, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que incluyen un refuerzo de la supervisión en sectores clave y el uso de sistemas informáticos avanzados para identificar posibles irregularidades fiscales, especialmente en actividades económicas realizadas a través de internet o mediante estructuras empresariales complejas.
¿En qué consiste el Plan Anual de Control Tributario 2026?
El Plan Anual de Control Tributario prevé aprovechar todo el potencial de la nueva información financiera disponible para mejorar la detección del fraude fiscal. La Agencia Tributaria contará con datos sobre pagos transfronterizos de proveedores de servicios de pago, información de plataformas de comercio electrónico remitida en el marco de la directiva DAC7 y nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.
Esta información permitirá detectar ocultaciones de ingresos y pagos, así como identificar el uso de cuentas en entidades financieras digitales o “neobancos” para esconder rentas o patrimonios en el exterior. Además, la obtención de datos mensuales sobre cobros con tarjeta facilitará la identificación de actividades empresariales o profesionales no declaradas y ayudará a localizar sociedades instrumentales utilizadas en tramas de fraude.
También se intensificará el control sobre operaciones con monedas virtuales cuando existan indicios de rentas o ganancias patrimoniales no declaradas. Para ello, se explotará la información disponible y se utilizarán herramientas de trazabilidad en blockchain que permitan identificar contribuyentes con patrimonios no justificados.
Sectores bajo vigilancia: negocio digital, inmobiliario, hidrocarburos y economía sumergida
El plan establece un refuerzo del control en varios sectores considerados de riesgo. En primer lugar, el negocio digital y el comercio electrónico seguirán siendo objetivos prioritarios, con actuaciones de comprobación sobre empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar la tributación del IVA o eludir el pago del impuesto en ventas realizadas a través de plataformas online.
Además, la Agencia Tributaria continuará analizando la correcta tributación de creadores de contenido en redes sociales, incluyendo la verificación de su residencia fiscal y la revisión de los ingresos generados en estas actividades.
Otro ámbito clave será el sector inmobiliario, donde se reforzará el control en todas las fases del negocio: promoción, construcción, comercialización e intermediación. Se revisarán riesgos como la deducción improcedente de gastos financieros, el uso abusivo de subcontratas o la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias. También se intensificará la vigilancia sobre alquileres gestionados a través de plataformas digitales y arrendamientos turísticos.
En el sector de los hidrocarburos, la Agencia prevé extremar la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y endurecer las condiciones para ser titular de estos depósitos con el fin de evitar que el fraude se desplace hacia esta figura.
Por último, se mantendrán actuaciones contra la economía sumergida y la facturación irregular. Para ello se utilizarán herramientas informáticas avanzadas capaces de detectar toda la cadena de defraudación en tramas de facturas falsas, así como sociedades sin actividad real que emiten documentos para justificar gastos ficticios o solicitar devoluciones indebidas de IVA. También se intensificarán los controles sobre el uso de terminales de pago y la posible negativa a aceptar pagos con tarjeta.
¿Cuáles son las sanciones por no declarar los ingresos?
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos residentes en España. Grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona.
Según la normativa tributaria vigente, las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves. Las más comunes serían: eludir el pago de impuestos, obtener devoluciones indebidas, omitir ingresos tributarios, disfrutar de beneficios fiscales indebidos, o no presentar la declaración de la renta.
En ese sentido, existen diferentes sanciones en función de la infracción cometida. Esta puede ser no presentar la declaración en plazo sin perjuicio económico para Hacienda, en cuyo caso la infracción podría conllevar una multa de 200 euros. O si no se paga la deuda derivada de la autoliquidación presentada, que dependerá de si finalmente se paga la deuda voluntariamente o previo requerimiento de la Administración tributaria.
Si la Administración Tributaria es quien detecta que el contribuyente no ha pagado y no tiene intención de hacerlo, aplicará sanciones. Estas pueden ir desde el 50% al 150% de la cantidad a pagar, más los intereses de demora en función de la gravedad de la infracción.