La subida del sueldo del rey Felipe VI y de otros miembros de la Familia Real ha vuelto a encender el debate sobre el uso de los recursos públicos en España. Este año, la asignación del monarca se incrementa en un 1,5%, la misma tasa aplicada a los funcionarios del Estado, tal como ha difundido la Casa Real en sus informes presupuestarios. Con un presupuesto que se mantiene inalterado desde 2021, la Casa Real ha hecho públicos los sueldos que perciben sus principales integrantes. Además del rey, solo dos personas más de la familia reciben asignaciones anuales con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: la reina consorte y la reina emérita. Para 2026, el rey Felipe VI cobrará 290.000 euros brutos, lo que supone un aumento de 4.311 euros respecto al año anterior por aplicación del incremento del 1,5% que se ha fijado para los empleados públicos. Este ajuste se produce en medio de un contexto en el que los salarios de altos cargos y servidores del Estado también se han actualizado conforme a la inflación y a las decisiones del Gobierno. La reina Letizia verá su asignación aumentar hasta 160.000 euros anuales, frente a los 157.199 euros percibidos en 2025, y la reina emérita Sofía cobrará 131.000 euros, unos 2.438 euros más que en el ejercicio anterior. El conjunto de las asignaciones que perciben estos tres miembros de la Casa Real suma alrededor de 581.000 euros, una partida que forma parte de un presupuesto total de 8,4 millones de euros aprobado para la institución. Esa cifra no ha variado en los últimos años debido a que los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados desde 2023, lo que obliga a mantener las cuentas en los mismos términos. Aunque la familia real está compuesta por varias figuras públicas, solo tres personas perciben asignación directa de las arcas públicas: el rey, la reina consorte y la reina emérita. Ni la princesa de Asturias, ni la infanta Sofía, ni el rey emérito Juan Carlos I reciben remuneración del presupuesto estatal. La ausencia de sueldo para algunos integrantes obedece en parte a decisiones internas de la Casa Real y a criterios de atribución de funciones representativas. Juan Carlos I, por ejemplo, dejó de recibir asignación oficial en 2020 tras la retirada de sus funciones y su salida del país. El presupuesto que financia estos sueldos proviene de la partida destinada a la Jefatura del Estado dentro de los Presupuestos Generales del Estado, cuya gestión y asignación es responsabilidad del rey, conforme a lo que recoge la Constitución. Esta partida cubre no solo las retribuciones individuales, sino también los gastos de funcionamiento, cuotas, prestaciones sociales del personal y otros costes asociados a la institución. La decisión de aplicar la misma subida salarial que los funcionarios es una forma de mantener cierta coherencia con el sector público, aunque para muchos ciudadanos sigue siendo un tema sensible debido a la percepción de privilegios de la Casa Real en tiempos de restricciones económicas y debates sobre el gasto estatal. El aumento del 1,5% también se extiende a los altos cargos de la Casa del Rey y al personal laboral que trabaja en la institución. Según los datos oficiales, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, percibirá unos 178.915 euros este año, mientras que la secretaria general, Mercedes Araújo, recibirá alrededor de 157.658 euros. Otros responsables, como el jefe del Cuarto Militar o el jefe del Servicio de Seguridad, tendrán remuneraciones que superan los 120.000 euros, en algunos casos, como el de estos mandos, cifras cercanas incluso a los 135.000 euros. En total, el capítulo de gastos de personal de la Casa del Rey -que incluye la asignación de la Familia Real, los altos cargos y el personal laboral- representa varios millones de euros dentro del presupuesto global, aunque esta cifra se ha visto reducida por reordenaciones contables y cambios en cómo se registran complementos y gratificaciones. Este enfoque de transparencia, impulsado por Felipe VI desde su llegada al trono, busca ofrecer a la ciudadanía una visión más clara de cómo se distribuyen los fondos públicos asignados a la institución, aunque la discusión sobre su impacto social y político permanece activa en la opinión pública española. El incremento del sueldo del rey y de los miembros de la Casa Real no ocurre en el vacío. En España, el debate sobre la transparencia y la responsabilidad fiscal de las instituciones públicas sigue siendo un tema recurrente entre expertos y ciudadanos. Para algunos analistas, aplicar la misma subida que los funcionarios es una forma de evitar distancias salariales injustificadas dentro del sector público. Para otros, estas cifras reflejan un privilegio que contrasta con la situación económica de amplios sectores de la población. El hecho de que la Casa Real mantenga un presupuesto estable desde hace años, mientras que otros sectores del Estado se enfrentan a ajustes o recortes, alimenta las discusiones sobre la modernización y el papel de la monarquía en el siglo XXI. Aunque la institución defiende que estas asignaciones responden a funciones representativas y protocolarias, la opinión pública sigue dividida sobre si estos montos son adecuados. El ajuste aplicado en 2026 vuelve a situar en el centro del debate el papel económico de la Casa Real y su relación con las prioridades sociales del país. La institución sostiene que estas asignaciones responden a funciones representativas y de funcionamiento reguladas por la Constitución, mientras que una parte de la opinión pública continúa observando con atención el destino y la cuantía de los fondos públicos destinados a la monarquía.