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Las ayudas de la Seguridad Social se renuevan en el 2025 para muchos colectivos vulnerables. Uno de los más beneficiados son las personas con discapacidad, quienes pueden acceder a diversos ayudas fiscales que buscan mejorar su bienestar y facilitar su integración.
Estos beneficios incluyen reducciones en la base imponible, así como ventajas adicionales para la adaptación de viviendas y vehículos.
En 2025, aquellas que cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán beneficiarse de una serie de reducciones y deducciones fiscales, especialmente relacionadas con el IRPF y la Declaración de la Renta.
¿Cuáles son los beneficios fiscales para personas con discapacidad?
En cuanto a las reducciones fiscales, las personas con discapacidad igual o superior al 33% tienen derecho a una reducción de hasta 3000 euros en la base imponible.
Sin embargo, si la persona requiere ayuda de terceras personas, tiene movilidad reducida o cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, esta reducción se incrementa hasta 7750 euros.
Además, existen deducciones adicionales para adaptar viviendas y vehículos, como la posibilidad de desgravar hasta 12.080 euros en obras que mejoren la accesibilidad del hogar, y la exención del impuesto de matriculación en la adquisición de vehículos adaptados para uso personal.
Otra deducción importante se refiere a los descendientes, ascendientes o cónyuges con discapacidad. En este caso, los contribuyentes pueden deducir hasta 1200 euros anuales por cada persona con discapacidad a su cargo. Esta deducción se distribuye de manera equitativa si más de un miembro de la familia tiene derecho a ella, a menos que se ceda el derecho a uno de los beneficiarios, quien percibirá el importe completo.
¿Cómo se acredita el grado de discapacidad ante la Agencia Tributaria?
Para acceder a estos beneficios fiscales, es necesario acreditar el grado de discapacidad. Esto se puede hacer mediante un certificado emitido por el IMSERSO o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
En algunos casos, la acreditación se puede obtener si la persona percibe una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o si ha sido declarada judicialmente incapaz.
Estos beneficios fiscales suponen un alivio económico para las personas con discapacidad y sus familias, mejorando su calidad de vida y facilitando su participación plena en la sociedad.