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Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea cada vez más compleja en gran parte de España. La combinación de precios al alza, escasez de oferta y un marco regulatorio prolongado en el tiempo ha intensificado las tensiones entre propietarios e inquilinos. En este escenario, la prórroga de la prohibición de desahucios hasta 2026, incluida dentro del escudo social, introduce un nuevo factor de impacto en el mercado.
La medida, aprobada por el Gobierno a finales de 2025 y pendiente de convalidación parlamentaria, mantiene restricciones vigentes desde la pandemia y busca proteger a los hogares más vulnerables. Sin embargo, su prolongación también genera efectos colaterales en la oferta de vivienda en alquiler, según advierten analistas del sector.
Cómo afecta la prohibición de desahucios al mercado del alquiler
La suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional se aplica a hogares en situación de vulnerabilidad acreditada, incluidos aquellos afectados por impagos de renta. Esta protección condiciona las decisiones de muchos propietarios, que evalúan el riesgo de impago y la dificultad para recuperar la vivienda antes de sacarla al mercado.
Desde la introducción de estas medidas en 2020 mediante el Real Decreto-ley 11/2020, el Ejecutivo ha optado por renovarlas de forma periódica ante la persistencia de problemas sociales y económicos. La extensión hasta finales de 2026 prolonga ese marco de excepcionalidad y mantiene un clima de incertidumbre en el alquiler residencial.
Qué medidas del escudo social seguirán vigentes en 2026
La prórroga no se limita a la suspensión de desahucios. El acuerdo político incluye también la prohibición de cortes de suministros básicos, como luz, agua y gas, para hogares vulnerables durante todo 2026. A estas medidas se suma la continuidad del bono social eléctrico, que iba a caducar a finales de 2025 y se mantiene al menos un año más.
El objetivo declarado del Ejecutivo es evitar situaciones de exclusión residencial y energética en un contexto de dificultad económica. Estas políticas forman parte de un paquete más amplio de protección social que sigue activo más de cinco años después de su puesta en marcha inicial.
A quién protege la ampliación de la suspensión de desahucios
La prohibición de desahucios se dirige a familias vulnerables sin alternativa habitacional, entre las que se incluyen hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género. La normativa exige la acreditación de vulnerabilidad económica y social conforme a los criterios establecidos.
La protección también puede aplicarse en determinados casos a personas que ocupan una vivienda sin título legal, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad fijados en la legislación vigente. En estos supuestos, la norma distingue entre situaciones de exclusión social y otros escenarios de ocupación no amparados por la medida.
Impacto directo en la oferta de vivienda en alquiler
Diversos expertos del sector inmobiliario advierten que la prolongación de la suspensión de desahucios refuerza la selección de perfiles de inquilinos. Hogares con una sola fuente de ingresos, familias con menores o personas mayores suelen encontrar más dificultades frente a perfiles considerados de menor riesgo por los propietarios.
A ello se suma la retirada de viviendas del mercado tras largos procesos judiciales. Muchos propietarios que logran recuperar sus inmuebles optan por no volver a alquilarlos, una decisión que reduce aún más la oferta disponible y aumenta la competencia entre quienes buscan vivienda.
Datos recientes sobre desahucios y contexto político
Según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios han registrado una caída interanual del 11,6%, aunque los procedimientos vinculados al impago del alquiler siguen representando la mayoría de los lanzamientos, con un 76% del total.
En el plano político, la prórroga hasta 2026 fue impulsada por un acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu, con el respaldo de otros grupos como Sumar. Desde estas formaciones se ha defendido la necesidad de mantener el escudo social activo y se ha abierto el debate sobre nuevas medidas, como la evolución de los precios del alquiler y la renovación de contratos que vencen en 2026.