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A pesar de ser una práctica común desde hace décadas, retirar efectivo en cajeros automáticos ha comenzado a ser objeto de un control más riguroso por parte de las autoridades fiscales españolas, quienes promueven una vigilancia más estricta sobre el uso del dinero en efectivo.

En este contexto, la Agencia Tributaria ha reforzado sus métodos de supervisión sobre las transacciones en cajeros automáticos, particularmente en aquellos casos donde las extracciones exceden ciertos montos. Por esta razón, han establecido umbrales que activan mecanismos de control tributario.

El Gobierno controlará retiros altos en cajeros automáticos

De acuerdo con la normativa vigente, los bancos están obligados a identificar a cualquier usuario que retire 1000 euros o más en una sola operación. Esta cantidad no implica ilegalidad alguna, pero sí marca el umbral a partir del cual las entidades deben registrar y, si corresponde, informar a la Agencia Tributaria.

Cuando las extracciones superan los 3000 euros, el banco tiene la obligación de notificar la operación al fisco, dado que se considera un movimiento susceptible de revisión por posible evasión o blanqueo de capitales. Este protocolo se encuentra estipulado en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales.

El Gobierno perseguirá a todas las personas que retiren esta cantidad de dinero del cajero automático (foto: archivo).

Sanciones y obligaciones documentales a tener en cuenta

Los bancos, como agentes colaboradores del sistema tributario, tienen la obligación de reportar cualquier operación que consideren inusual. Esto incluye movimientos reiterados, uso de billetes de alta denominación o comportamientos atípicos en la operativa del cliente.

Para evitar incidencias, la recomendación general es conservar todos los documentos justificativos vinculados a la extracción, como presupuestos, facturas u otros comprobantes.

Aunque retirar dinero no constituye en sí una actividad ilegal, hacerlo sin poder acreditar su finalidad o procedencia puede derivar en consecuencias fiscales. En estos casos, Hacienda puede imponer sanciones que alcanzan los 150.000 euros, e incluso aplicar multas equivalentes al 150% del monto no justificado.

También se aconseja comunicar previamente al banco cuando se planee una operación de gran volumen, para facilitar su gestión y prevenir alertas innecesarias.

Consejos para enfrentar la nueva fiscalización del efectivo

Estas disposiciones responden a una estrategia más amplia del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal y el dinero no declarado. El objetivo es limitar el uso de efectivo como vía de evasión o actividades ilícitas, reforzando así la transparencia en el sistema financiero.

Frente a este panorama, resulta aconsejable actuar con previsión y dentro de los márgenes de la normativa. Entre las medidas más eficaces se encuentran:

  • Notificar previamente al banco cualquier retirada inusual.
  • Conservar pruebas documentales que respalden la legalidad de los fondos.
  • Evitar fraccionamientos sucesivos que simulen operaciones menores, pero acumulen un alto valor total.