La futura prestación universal por crianza que prepara el Ministerio de Consumo podrá compatibilizarse con otras deducciones fiscales y ayudas autonómicas y estatales ya existentes. El diseño parte de una premisa clara: “garantizar que llegue a todos los hogares sin discriminación”. Esto significa que una madre madrileña podría recibir cerca de 1000 euros al mes por cada hijo menor de tres años si acumula todas las ayudas vigentes y la futura prestación universal por crianza. El Gobierno plantea pagar 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años. Esa base se sumaría a ayudas ya existentes. Entre ellas figuran 100 euros mensuales para madres trabajadoras con hijos hasta 3 años, 110 euros del complemento ligado al Ingreso Mínimo Vital y 500 euros al mes que concede la Comunidad de Madrid durante los tres primeros años. La prestación universal por crianza cambiaría el sistema actual de ayudas. La compatibilidad con otras ayudas es uno de los ejes del proyecto. La prestación universal por crianza actuaría como una base común para todas las familias. Podría complementarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. Fuentes cercanas explican que el modelo actual deja fuera a familias que no presentan declaración de la renta. El despliegue del CAPI ha sido inferior al esperado. La nueva prestación universal por crianza pretende llegar a todos los hogares. “La prestación universal, en cambio, garantizaría el acceso efectivo a todas las familias y extendería el apoyo a toda la infancia, siguiendo los modelos consolidados en Europa”. El objetivo es asegurar cobertura para todos los niños. Desde el Ministerio insisten en que la prestación universal por crianza es de carácter universal. Busca erradicar la pobreza infantil y la crisis de natalidad. No tendrá en cuenta la renta como requisito de acceso. El objetivo es asegurar que todos los niños estén cubiertos. Los sistemas condicionados dejan fuera a hogares que no cumplen requisitos. La nueva prestación universal por crianza pretende evitar ese problema. “Las familias de renta baja percibirían íntegramente la prestación; parte de las de renta media la recuperarían vía tributación; y las de renta alta la devolverían completamente en el impuesto”. La progresividad se introduciría a través del IRPF. El Gobierno pretende que la prestación universal por crianza se consolide como política de Estado. La medida deberá negociarse en el Consejo de Ministros y pasar por el Congreso. El objetivo es que se mantenga aunque cambie el partido en el poder. El Ministerio recuerda que prestaciones similares existen en Europa desde hace décadas. España es hoy una excepción. La prestación universal por crianza busca cerrar esa brecha. En España hay unos ocho millones de menores en cinco millones de hogares. El coste de la pobreza infantil se sitúa en hasta un 5% del PIB. El Ministerio considera que la prestación “es plenamente asumible y eficiente”.