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En España, la Ley de Propiedad Horizontal establece un mecanismo legal para que las comunidades de vecinos puedan enfrentar los impagos. Según indica el artículo 25 de esta ley, un propietario que ha dejado de abonar sus cuotas durante dos o más meses consecutivos, puede ver limitado su derecho a utilizar las instalaciones comunes del inmueble.
Se trata de una herramienta que busca equilibrar los derechos colectivos con los individuales, al ofrecer a la comunidad un recurso efectivo para presionar al moroso.
De acuerdo a la normativa, la comunidad puede iniciar un proceso judicial ejecutivo para reclamar el pago de las cantidades adeudadas. Para ello, solo basta con presentar en el juzgado el certificado del acuerdo de la Junta y los recibos impagados o el estado de cuentas, sin necesidad de un proceso ordinario más complejo.
Procedimiento para aplicar la restricción
Para que la restricción de acceso a zonas comunes tenga validez legal, es necesario cumplir con un proceso específico. La deuda debe estar acreditada y corresponder, como mínimo, a dos cuotas impagas. Luego, la junta de propietarios debe aprobar el acuerdo que establezca la limitación, detallando qué servicios quedarán afectados. Además, dicho acuerdo debe comunicarse de forma fehaciente al propietariomoroso, otorgándole un plazo para ponerse al día antes de aplicar las restricciones.
Sin embargo, la facultad de la comunidad no es limitada. Las acciones restrictivas deben aplicarse con proporcionalidad y no pueden afectar a derechos fundamentales ni a condiciones esenciales para la habitabilidad. Mientras es legal prohibir el uso de piscinas, gimnasios o salas comunes, no sería admisible impedir el acceso a la vivienda o cortar suministros básicos como el agua o la electricidad si estos son gestionados comunitariamente.
Esta disposición se enmarca en la Ley 49/1960, que ha sido modificada en varias ocasiones para adaptarse a la realidad social. El deber de contribuir a los gastos comunes es una obligación esencial en el régimen de propiedad horizontal, y el artículo 25 representa uno de los mecanismos clave para garantizar su cumplimiento.
