Fuente: Freepik
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El Gobierno español oficializó el pago del incremento salarial del 2,5% a los empleados públicos del Estado, que se hará efectivo en la nómina de diciembre e incluirá los atrasos acumulados desde enero de 2025.
La decisión, plasmada en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, forma parte del acuerdo salarial que proyecta un alza del 11% para el periodo 2025-2028.
El Ministerio de Hacienda ratificó que el ajuste se aplicará de forma retroactiva y alcanzará a unos 540.000 trabajadores de la Administración General del Estado, mientras que el resto de las administraciones deberá definir sus respectivos calendarios de pago.
El Ejecutivo remarcó que la medida queda amparada por la modificación de la orden de cierre del ejercicio, que garantiza su ejecución dentro del marco presupuestario vigente.
¿Cómo se implementará el aumento y quiénes cobrarán en diciembre?
El abono correspondiente al incremento del 2,5% se incorporará en una nómina adicional este mismo mes, según precisó Hacienda, lo que permitirá que cientos de miles de empleados estatales perciban los atrasos acumulados desde el 1 de enero.
La publicación de la orden en el BOE detalla los procedimientos necesarios para que las habilitaciones correspondientes ejecuten el pago en tiempo y forma.
Las autoridades aclararon que solo quedarán excluidos los casos donde falten elementos formales indispensables para autorizar la liquidación o exista un impedimento administrativo que impida el desembolso.
Para los trabajadores con un salario promedio de 3300 euros brutos mensuales, la retroactividad implica percibir alrededor de 1140 euros adicionales en diciembre.
En el resto del sector público, la aplicación del incremento dependerá de las negociaciones entre las administraciones autonómicas y locales y los sindicatos. Cada jurisdicción podrá optar por una liquidación única durante 2025 o distribuir los pagos entre 2026 y 2028, según sus capacidades y acuerdos internos.
¿Qué prevé el acuerdo salarial que fija un alza del 11% hasta 2028?
El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF acordaron una hoja de ruta salarial que establece un incremento acumulado del 11% para los empleados públicos durante el periodo 2025-2028.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, destacó que el convenio constituye una señal de estabilidad para más de 3,5 millones de trabajadores en todo el país.
Para 2026 se fijó un incremento del 1,5%, con la posibilidad de sumar un 0,5% extra si la inflación anual alcanza o supera el 1,5% según la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
A este esquema se añaden aumentos del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, conforme lo firmado entre el Ejecutivo y las centrales sindicales.
El acuerdo fue incorporado al real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, que entrará en vigor tras su publicación en el BOE y deberá ser convalidado por el Congreso la próxima semana.
El presidente Pedro Sánchez calificó el entendimiento como un “muy buen acuerdo”, al agradecer a los sindicatos su labor y remarcar que la medida beneficia a millones de trabajadores del sector público.