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La Comunidad de Madrid ha decidido modificar uno de los requisitos para acceder al abono transporte regional. A partir de ahora, quienes quieran obtener este título deberán acreditar su empadronamiento en un municipio madrileño o en determinadas localidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León integradas en el sistema.
La decisión llega después de meses de debate sobre el uso del abono transporte por parte de personas que no estaban empadronadas en la región. Según las estimaciones de la propia Administración, la medida podría afectar a unas 200.000 personas, equivalentes al 3,4% de los usuarios del sistema.
El cambio ha abierto una fuerte polémica política y social. Mientras la Comunidad de Madrid sostiene que la medida estaba prevista desde hace años, asociaciones, expertos y partidos de la oposición denuncian que puede generar nuevas barreras para estudiantes, trabajadores y migrantes.
Qué cambia en el abono transporte de Madrid y quiénes deberán empadronarse
Hasta ahora, para obtener la tarjeta de transporte era suficiente identificarse mediante DNI, permiso de residencia o pasaporte, indicar una dirección de envío y abonar la tasa correspondiente.
Desde ahora, se añade una nueva exigencia: acreditar el empadronamiento. La Comunidad de Madrid explica que esta obligación se incorpora “en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente”.
Según un portavoz del Gobierno regional, “no es una medida nueva”, sino una disposición aprobada en 2011 cuya aplicación se había retrasado por diferentes motivos técnicos y operativos. La Administración argumenta además que el transporte público se financia mediante importantes subvenciones públicas y que quienes contribuyen al sistema deben ser los principales beneficiarios.
La nueva obligación también se aplicará a los duplicados de la tarjeta y previsiblemente a futuras renovaciones, que se realizan cada diez años.
Los colectivos que podrían verse más afectados por la nueva medida
La exigencia del empadronamiento impactará especialmente en personas que utilizan el transporte madrileño sin residir oficialmente en la región.
Entre los afectados aparecen estudiantes universitarios que mantienen su residencia administrativa en otras provincias, trabajadores que viven fuera de Madrid pero se desplazan diariamente a la capital y personas migrantes que encuentran dificultades para completar los trámites de empadronamiento.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticó la decisión y afirmó: “Exigir el padrón es una muy mala idea que solo va a complicar la vida de miles de estudiantes universitarios que mantienen la residencia en sus provincias de origen, trabajadores que trabajan en Madrid pero viven fuera de la Comunidad de Madrid”.
Por su parte, el ministro y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, calificó públicamente la medida de “racista y excluyente” y reclamó una rectificación.
Las asociaciones de defensa de los migrantes también han mostrado preocupación por el impacto que puede tener la medida sobre personas que ya enfrentan obstáculos para acceder al padrón municipal.
Por qué el empadronamiento se ha convertido en el centro de la polémica
El debate trasciende el ámbito del transporte. Diversas organizaciones sostienen que el empadronamiento se ha convertido en una de las principales barreras administrativas para miles de personas.
Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya, advirtió que “Se va a profundizar en la exclusión. El padrón ya no es un derecho, es un privilegio”. La activista sostiene que muchas personas con DNI, NIE o pasaporte encuentran dificultades para registrarse en las viviendas donde residen debido a obstáculos burocráticos o a la falta de documentación aportada por propietarios.
En la misma línea, Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de Fundación Por Causa, alertó de que la medida puede perjudicar especialmente a familias vulnerables. Según explicó, algunas personas podrían verse obligadas a renunciar al transporte público, “un mecanismo básico de integración, empezando por la posibilidad de trabajar”.
Cuánto podría aumentar el gasto en transporte para algunos usuarios
Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos afectados es el posible incremento de costes.
El sistema actual permite acceder a tarifas planas subvencionadas para utilizar Metro, autobuses y Cercanías dentro de las zonas cubiertas por el Consorcio Regional de Transportes.
Según los ejemplos recogidos en el debate público, algunos estudiantes que actualmente pagan el abono joven podrían verse obligados a utilizar títulos alternativos considerablemente más caros si no pueden acreditar el empadronamiento requerido.
La Comunidad de Madrid mantiene que la finalidad de la medida es garantizar que los recursos públicos destinados al transporte beneficien prioritariamente a quienes contribuyen al sostenimiento del sistema mediante sus impuestos.