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El reciente nombramiento del papa León XIV ha despertado fuertes cuestionamientos por parte de la organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes), que lo señala por presunto encubrimiento de abusos sexuales cuando ejercía funciones eclesiásticas en Perú.
La acusación se conoció poco después de su primera aparición pública como sumo pontífice.
Según el comunicado difundido por SNAP, el nuevo papa conocía denuncias contra sacerdotes mientras era provincial de los agustinos y obispo de Chiclayo, y no adoptó medidas contundentes.
Entre los hechos, la organización destaca que permitió la residencia de un sacerdote acusado en un convento cercano a una escuela en Chicago y que, años más tarde, como obispo, no actuó ante nuevas denuncias locales.
¿Qué hechos motivan las acusaciones de encubrimiento?
SNAP sostiene que, en el año 2000, León XIV autorizó la estancia de un sacerdote previamente sancionado por abuso en un convento agustino en Estados Unidos, a pocos metros de un colegio católico.
La organización denuncia que esta decisión puso en riesgo a menores y se produjo a pesar de las restricciones impuestas al clérigo desde la década anterior.
La situación se agrava con lo ocurrido en Perú durante su obispado. En 2022, tres víctimas acudieron a la justicia civil luego de no encontrar respuestas en la diócesis de Chiclayo.
Aseguran que el entonces obispo no abrió ninguna investigación formal, omitió detalles relevantes en su comunicación con Roma y permitió que el acusado siguiera oficiando misa.
¿Qué medidas exige SNAP al Vaticano tras la elección del nuevo papa?
La organización reclama una respuesta firme en los primeros cien días del pontificado. Propone la creación de una Comisión Global de la Verdad que cuente con la participación activa del Vaticano y exigen una normativa de "tolerancia cero" universal que se incorpore al derecho canónico, aplicable a todos los niveles de la Iglesia.
Además, SNAP solicita mecanismos concretos de reparación, como la creación de un fondo internacional financiado en parte por bienes eclesiásticos.
También impulsa acuerdos legales con gobiernos para garantizar transparencia, acceso a archivos y la rendición de cuentas por parte de los responsables eclesiásticos en casos de abuso.