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El pasado 29 de octubre, Maricarmen, una pensionista de 87 años de edad que vive en un piso en la zona de El Retiro de Madrid, debía ser desahuciada por la acción de la empresa Urbagestión. Se trata de un fondo buitre que compró el edificio en el que vive desde que su padre firmó un contrato de arrendamiento en 1956.
Sin embargo, la movilización de los vecinos y las organizaciones sociales en defensa del derecho a permanecer en la vivienda ha tumbado el primer alzamiento en su contra.
Maricarmen heredó el contrato tras la muerte de sus padres y la de su madre en 2005. Desde entonces, ha vivido bajo las mismas condiciones: una renta que se actualizaba cada año según el IPC, además de otros gastos como el IBI. “Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones... durante casi 20 años“, detalló el Sindicato de Inquilinas e Inquilinas de Madrid en un comunicado.
“Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956. Llevo aquí toda mi vida, desde que tenía 17 años. Es la casa donde he crecido, donde murieron mi padre y mi madre. Mi sorpresa fue que recibí una carta del fondo buitreen el que se me decía que tenía que irme de mi casa. No le hice ningún caso porque ellos no pueden echarme“, explicó Maricarmen al afrontar un posible desalojo.
Los motivos del desahucio
En 2018, la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios españoles. Dos años después, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso, pero la pensionista no pudo asumir el precio. “Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL” explicaron desde la organización.
Los nuevos propietarios argumentaron que el contrato de Maricarmen debía haberse extinguido en 2007. Aunque en primera instancia la justicia le dio la razón a Maricarmen, la empresa recurrió hasta que el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en marzo de 2025.
El motivo es que la segunda subrogación del contrato solo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%, precisó la organización. Maricarmen no puede adherirse a este régimen debido a que su discapacidad es del 50%.
Fue entonces que Urbagestión exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, mientras la pensión de Maricarmen es de 1.450 euros. “En caso contrario, le dieron de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 69 años“, advirtió el sindicato.
Las acciones de los grupos vecinales para evitar el desalojo de Maricarmen
El desahucio estaba previsto para octubre, pero el juzgado comunicó su suspensión hasta no encontrar una alternativa habitacional. “La única solución es que Maricarmen se quede en su casa”, subraya el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid en un comunicado.
Sin embargo, la jubilada continua sin solución habitacional y la única opción ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid es que se incluya en las listas de espera de los recursos sociales. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, declaró que “no le consta que Maricarmen hubiese acudido solicitando ayuda”. Sin embargo, el sindicato asegura que la vecina “ya lo hizo con anterioridad”.
