Amnistía

Malas noticias para Puigdemont: el Supremo mantiene su delito de malversación y orden de arresto

El magistrado Pablo Llarena ha rechazado perdonar al expresident por el delito de malversación que se le atribuye. Puigdemont no podría regresar a España sin enfrentar un arresto.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers y ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

Además, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras, ya que considera que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.

La Sala ha acordado también promover cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional respecto del delito de desobediencia por el fueron condenados Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes perdonar el delito de malversación que atribuye a Carles Puigdemont (Fuente: Shutterstock)

En cuanto a la dirigente de ERC Marta Rovira, el juez le levanta la orden de detención, si bien da un plazo de diez días a las partes para que aleguen sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia.

Contra todas estas decisiones caben diferentes recursos. En el caso de Llarena, existe la opción de elevar recurso de reforma y de apelación. Respecto de la Sala, un recurso de súplica.

Tanto los autos del juez Llarena y de la Sala de lo Penal acogen el criterio de los cuatro fiscales del Supremo que intervinieron en el juicio del procés, cuyo dictamen fue rechazado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ordenó aplicar la amnistía a todos los delitos, algo que el Supremo ha rechazado.

Ni Llarena ni la Sala perdonan la malversación del procés

Llarena no perdona la malversación a Puigdemont, Comín y Puig porque entiende que sus comportamientos incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar este delito: que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la UE, por eso mantiene las órdenes de detención contra ellos, de manera que Puigdemont se arriesga a ser arrestado si regresa a España.

Al respecto, explica que los procesados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Govern y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referéndum del 1-O.

Fueron ellos "quienes, además, endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat (...) para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales, una vez que el Tribunal Constitucional había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referéndum".

Asimismo, considera que concurre el daño económico a la UE porque el referéndum "afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la UE".

Y ello, continúa, tiene "reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta, y consecuentemente, a los intereses financieros de la Unión", porque hubo pretensión de que los catalanes pasaran a ingresar sus obligaciones tributarias en una hacienda catalana y no en la Hacienda española.

El PSOE cree que no afectará para formar Govern

Fuentes de Ferraz han discrepado del Tribunal Supremo tras su decisión de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y mantener el delito de malversación, mientras que la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, considera que esto no afectará a la formación de Govern en Cataluña.

"No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, sobre futuribles y sobre cómo puede afectar (a las negociaciones para la formación de Govern en Cataluña). Entiendo que nada, porque son procesos diferenciados", ha declarado en una rueda de prensa en Ferraz nada más conocerse la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Además de mantener la orden de arresto a Puigdemont, la Sala de lo Penal del alto tribunal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al exvicepresident Oriol Junqueras, de ERC, ya que consideran que el delito de malversación de caudales públicos no se puede perdonar en este procedimiento.

Fuentes de Ferraz han mostrado su respeto por las decisiones judiciales, aunque han señalado que discrepan de los argumentos de la decisión acordada por el Supremo, al que critican además por las "consideraciones políticas" que ha hecho, a su juicio "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada".

En este sentido, estas fuentes han señalado que es "en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas".

Sobre el contenido de las resoluciones, han recordado que el artículo 1.4 de la ley de amnistía es "clarísimo" al señalar que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" en los casos por ejemplo de la celebración de consultas en Cataluña, cuando "no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".

Asimismo, estas fuentes de Ferraz han subrayado que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea "porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la Unión Europea".

Del recurso ante el Supremo al camino del Constitucional y Europa

Puigdemont y los líderes del procés podrían acudir a la Justicia europea (Fuente: Shutterstock)

La decisión del juez Llarena y de la Sala de lo Penal del Supremo de no aplicar la amnistía ni al expresident catalán Carles Puigdemont ni a otros líderes del procés les aboca a recurrir ante el propio tribunal antes de abrir la vía del Constitucional, sin descartar acudir a la Justicia europea.

Contra el fallo del magistrado se puede interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación, en el plazo de tres días a partir de la fecha de notificación.

El primero de los recursos lo resuelve él mismo, mientras que el segundo una sala compuesta por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y la magistrada Susana Polo, que instruye la causa de Tsunami en el Supremo por un delito de terrorismo contra Puigdemont.

Por su parte, la Sala de lo Penal recuerda en su auto que contra su decisión se puede presentar un recurso de súplica, que lo resuelve la propia Sala y que en muy raras ocasiones sale adelante.

Sin embargo, es previsible que en caso de que los líderes independentistas opten por recurrir al alto tribunal, éste mantenga las decisiones acordadas lo que no quita para que los recursos se presenten, pues se debe agotar esta vía, previo paso al Constitucional.

Solo así los líderes independentistas pueden presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales y que, a su vez, es un requisito para recurrir a Europa si no les dan la razón.

Porque siempre cabe la opción de acudir ante la Justicia europea, en cuyo caso corresponde al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es el competente para estudiar la vulneración a los derechos fundamentales, una vía que tanto los condenados como los procesados por el procés han utilizado ya en el pasado.

Fuente: EFE

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