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La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la decisión del juez Joaquín Aguirre de abrir una nueva pieza separada para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont. Esta medida surge tras la orden de la Audiencia de Barcelona de cerrar el caso Volhov debido a prórrogas injustificadas.
El fiscal Ricardo Sanz-Gadea se opone a los recursos presentados por las defensas de Puigdemont y otros investigados, quienes consideran que esta acción constituye un "fraude de ley".
Contexto del caso Volhov y las limitaciones impuestas por la Audiencia de Barcelona
En mayo, la Audiencia de Barcelona limitó la investigación sobre las conexiones rusas en el procés, impidiendo que el juez Aguirre continuara su labor. La Audiencia anuló las diligencias realizadas desde una prórroga acordada en agosto de 2023, exigiendo que el juez enviara el caso a juicio con las pruebas recabadas hasta esa fecha o lo archivara.
Para sortear esta resolución, Aguirre optó por abrir una nueva pieza separada, utilizando pruebas de las diligencias que habían sido anuladas. Esta nueva investigación se centra en varios individuos, incluyendo a Puigdemont y a su predecesor Artur Mas, y los delitos que se investigan son malversación y traición.
Cuál es la posición de la fiscalía
El escrito del fiscal sostiene que la nueva investigación se apoya en el contenido de los teléfonos de los imputados en varias piezas del caso Volhov. Sanz-Gadea argumenta que la apertura de esta nueva pieza es "procesalmente posible" y no infringe la ley.
Según el fiscal, el volumen del caso es "extensísimo", lo que justifica la decisión del juez de ampliar la investigación y el número de implicados.
El ministerio público afirma que no hay fraude de ley, ya que el juez ha revisado el material acumulado y ha decidido incoar una nueva causa que amplía los hechos a investigar, incluyendo a personas que no habían sido investigadas anteriormente.
Cuestiones de amnistía
Sanz-Gadea no aborda en su escrito si la causa debe ser objeto de amnistía, un argumento planteado por las defensas. Esta cuestión deberá resolverse en el marco de los recursos presentados ante la Audiencia de Barcelona.
Actualmente, la Audiencia de Barcelona debe decidir si valida la nueva pieza separada para investigar a Puigdemont, si la causa debe entrar en el ámbito de la amnistía, y si el juez debe ser apartado del caso, tal como solicitan varias defensas.
En un contexto paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se enfrenta a la querella presentada por Puigdemont contra el juez, por prevaricación y malversación, y deberá decidir si procede a investigar esta denuncia.
