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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, colocó el debate sobre la vivienda en el centro de la agenda política catalana. En una intervención pública, defendió la prohibición de que extranjeros no comunitarios adquieran segundas residencias en la capital catalana y aseguró que, de depender de él, esa medida se aplicaría sin matices.
El anuncio se produjo en un contexto de creciente tensión por el aumento sostenido de los precios de compra y alquiler en la ciudad. Fondos de inversión y compradores internacionales concentran parte de la demanda en barrios céntricos, mientras residentes históricos denuncian desplazamientos forzados.
Collboni también confirmó una nueva línea de ayudas de 400 euros mensuales destinada a mayores de 55 años en situación vulnerable.
La presión inmobiliaria se percibe con especial intensidad en distritos como el Eixample, donde, según el alcalde, proliferan edificios con viviendas vacías durante gran parte del año.
A su juicio, el fenómeno responde a adquisiciones con fines vacacionales o especulativos por parte de compradores con alto poder adquisitivo.
En paralelo, el Govern analiza distintos informes técnicos sobre cómo frenar la compra especulativa. Uno de ellos plantea intervenir desde el urbanismo para evitar que la ciudad pierda vivienda residencial en favor de usos temporales o inversiones de rentabilidad financiera.
¿Puede el Ayuntamiento prohibir la compra a extranjeros no comunitarios?
La propuesta abre un complejo debate jurídico. El propio Collboni reconoció que una prohibición directa presenta dificultades de encaje constitucional y posibles conflictos con la normativa europea sobre libre circulación de capitales.
La distinción entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios implicaría además un análisis detallado de competencias estatales y autonómicas.
En este escenario, el alcalde deslizó una alternativa: duplicar la carga fiscal a los no residentes que compren vivienda en Barcelona. Esa vía impositiva permitiría desincentivar la demanda especulativa sin establecer un veto formal, aunque requeriría coordinación con otras administraciones.
El trasfondo político no es menor. La compra internacional representa una parte significativa del mercado de alto valor en la ciudad. Cualquier restricción podría alterar el flujo de inversiones, afectar la recaudación y tensionar las relaciones con el sector inmobiliario.
No obstante, desde el Ayuntamiento sostienen que la prioridad es garantizar el acceso a la vivienda habitual para los residentes.
¿En qué consisten las ayudas de 400 euros para mayores de 55 años?
Junto al endurecimiento del discurso frente a la especulación, el consistorio anunció una medida de apoyo directo. La ayuda de 400 euros mensuales estará destinada a personas mayores de 55 años en situación de vulnerabilidad y a familias monoparentales que destinan más de un tercio de sus ingresos al alquiler.
El objetivo es evitar situaciones de desahucio y frenar la expulsión de vecinos con trayectorias de vida en sus barrios. Aunque la mayoría de las personas mayores reside en vivienda propia, el Ayuntamiento advierte que un número creciente enfrenta dificultades económicas, comparte piso o incluso queda en situación de calle tras el fin de moratorias.
Para acceder a la ayuda, el gasto en alquiler deberá superar el 33% de los ingresos de la unidad familiar. Con esta condición, el gobierno municipal busca focalizar el recurso en quienes presentan mayor riesgo habitacional. La iniciativa se suma a otras políticas de contención de rentas y refuerza el mensaje político del alcalde: limitar la especulación y proteger el uso residencial permanente en Barcelona.