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La votación del Parlamento Europeo del 21 de enero para solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo UE-Mercosur cambió el tablero.
El texto no se cae, pero el calendario se estira y la estrategia institucional de Bruselas enfrenta ahora un laberinto legal que puede demorar años.
El dilema es tanto jurídico como político.
- Por un lado, el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite al Consejo autorizar la firma e incluso la aplicación provisional del acuerdo antes de su entrada en vigor formal.
- Por otro, el Parlamento puede pedir al TJUE que revise si el texto respeta los Tratados europeos, y esa consulta no tiene plazo fijo.
Bruselas ya tiene preparada una arquitectura de “dos carriles”: un Acuerdo de Asociación amplio (EMPA) que incluye comercio, cooperación y diálogo político, y un Acuerdo Comercial Interino (iTA) para adelantar los compromisos de mercado mientras se completan las ratificaciones.
La pregunta ahora es cuánto puede frenar el TJUE ese esquema y si los gobiernos de la UE se animan a seguir adelante con el iTA pese a la sombra de un dictamen adverso.
Un dictamen sin plazo fijo, pero con demoras largas
El mecanismo de consulta al TJUE, contemplado en el artículo 218(11) del TFUE, funciona como una revisión de compatibilidad: el tribunal analiza si el acuerdo previsto respeta las reglas y competencias de la Unión. El problema es que el procedimiento no tiene calendario establecido.
Los precedentes señalan demoras considerables. Fuentes diplomáticas y medios especializados en Bruselas hablan de un rango que puede llegar hasta dos años para obtener el dictamen.
En casos anteriores, el TJUE ha tomado entre 18 y 24 meses para pronunciarse sobre acuerdos comerciales complejos.
Esa espera tiene consecuencias políticas inmediatas. El Parlamento Europeo generalmente aguarda el dictamen antes de votar la ratificación definitiva, lo que congela el proceso.
Pero no todo está bloqueado: la consulta no impide que el Consejo decida aplicar provisionalmente las partes del acuerdo que caen bajo competencia exclusiva de la UE, principalmente los compromisos comerciales.
Tres escenarios y un riesgo de marcha atrás
El futuro del acuerdo depende ahora de lo que diga el TJUE. Las posibilidades se agrupan en tres escenarios:
Luz verde: el tribunal avala la compatibilidad del acuerdo con los Tratados de la UE, el Parlamento retoma la ratificación y el texto avanza hacia la aprobación formal.
Es el escenario más favorable para Bruselas, pero también el que parece menos probable dado el clima político actual.
Ajustes necesarios: el TJUE señala problemas específicos, como errores en la base jurídica del acuerdo o conflictos en el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros.
En ese caso, habría que reabrir partes de la negociación con Mercosur o cambiar el encuadre institucional del texto. Políticamente complejo, pero no imposible.
Incompatibilidad grave: el tribunal declara que aspectos esenciales del acuerdo violan los Tratados europeos, lo que impediría su conclusión salvo modificaciones profundas.
Este es el peor escenario para Bruselas y para los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que ya firmaron el texto.
El mayor dolor de cabeza para quienes defienden el acuerdo es el riesgo de reversibilidad. Si el Consejo decide aplicar provisionalmente el iTA y luego el TJUE emite un dictamen adverso, habría que suspender la ejecución del tratado, con el costo económico y reputacional que eso implica. Las exportaciones ya iniciadas, las inversiones en marcha y los flujos comerciales quedarían en el aire.
El equilibrio político define el próximo paso
La decisión final no depende solo del derecho comunitario. El equilibrio entre la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento será determinante.
También pesará el margen de maniobra que los gobiernos nacionales estén dispuestos a asumir frente a sus electorados, especialmente en países con sectores agrícolas sensibles como Francia, Irlanda y Polonia.
Por ahora, el acuerdo está en suspenso legal. El Consejo ya autorizó la firma del texto, pero el calendario de entrada en vigor quedó sujeto a lo que diga el TJUE.
Bruselas puede intentar acelerar con la aplicación provisional del iTA, pero el riesgo de marcha atrás está sobre la mesa.
El reloj corre, pero sin certezas. Los próximos meses dirán si la UE se anima a dar el paso o si prefiere esperar a que la Justicia europea despeje el camino.