Madrid volvió a convertirse en epicentro del malestar rural. Desde primera hora de este miércoles, la Plaza de Colón reunió a unos 2500 agricultores y 367 tractores, según datos de la Delegación del Gobierno a las 12:00 horas, en una movilización convocada por Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). El eje Recoletos-Prado se transformó en el escenario de una nueva tractorada contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y contra los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC). Las columnas de tractores avanzaron desde distintos puntos de acceso a la capital. A media mañana ya habían cruzado a la demarcación de la Policía Nacional 348 vehículos agrícolas: 82 por la ruta sur, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 desde el Levante. A la protesta también llegaron 56 autobuses con manifestantes procedentes de diferentes comunidades autónomas. El principal foco de rechazo apunta al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Las organizaciones agrarias sostienen que el pacto abre la puerta a una competencia desigual, con productos importados que, según denuncian, no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que se exigen dentro del bloque comunitario. Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, advirtió que el sector “se juega mucho”. Alertó sobre el riesgo de entrada de carne producida bajo normativas distintas, incluidas prácticas prohibidas en Europa. También cuestionó la eficacia de las cláusulas de salvaguarda aprobadas por el Parlamento Europeo, al considerar que mecanismos similares ya vigentes no han protegido a sectores sensibles como el del arroz. Desde Unaspi, su presidente Miguel Ángel Aguilera calificó el acuerdo como “la puntilla” para el sector primario. Señaló que el impacto no se limitará a agricultores y ganaderos, sino que alcanzará a los consumidores. A su juicio, la apertura comercial en estos términos puede derivar en pérdida de soberanía alimentaria y en menor capacidad de elección para los ciudadanos. Además del rechazo al acuerdo comercial, los manifestantes protestaron contra los recortes en la Política Agrícola Común. Consideran que la reducción de fondos agrava la crisis de rentabilidad que atraviesan muchas explotaciones y dificulta el relevo generacional en el medio rural. Las organizaciones convocantes recordaron que hace dos años protagonizaron una tractorada similar en el centro de Madrid. La movilización actual se suma a las protestas que el sector impulsa desde principios de año en distintos puntos del país. El mensaje apunta a una presión sostenida sobre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya sede en Atocha marcó el destino final de la marcha. Los portavoces advirtieron que continuarán con las acciones si no perciben cambios concretos. Defienden un modelo que garantice rentabilidad, estándares comunes en el comercio internacional y estabilidad presupuestaria. Bajo esa consigna, el campo volvió a levantar la voz en la capital para exigir un giro en la política agraria europea y nacional.