El empleo doméstico sigue siendo uno de los sectores con mayor nivel de economía sumergida en España. Muchas familias recurren a una trabajadora para el cuidado de menores, mayores o tareas del hogar sin conocer con precisión las obligaciones laborales que asumen desde el primer día. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aclarado que contratar a una empleada del hogar sin papeles o pagarle por debajo del salario mínimo interprofesional puede derivar en una multa de hasta 7500 euros. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, conocida como LISOS, tipifica como infracción grave la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo. El artículo 40 de la norma establece que las infracciones graves pueden sancionarse con multas que oscilan entre 751 y 7500 euros, en función de la gravedad y de si existen reincidencias. La Inspección de Trabajo puede iniciar un expediente sancionador tras una denuncia o como resultado de campañas de control. Además de la sanción económica, el empleador puede verse obligado a regularizar la situación laboral, abonar cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social con recargos e intereses y afrontar posibles reclamaciones posteriores. La contratación de una empleada del hogar sin papeles no se limita a una simple irregularidad administrativa. El pago por debajo del salario mínimo interprofesional también constituye una infracción grave. El SMI se fija cada año mediante real decreto y marca el mínimo legal que debe percibir cualquier trabajador, incluidas las empleadas domésticas. Su cuantía oficial puede consultarse en el BOE y en la web del Ministerio de Trabajo. En el régimen especial de empleados del hogar, integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, el alta es obligatoria desde el primer día. No dar de alta a la trabajadora o declarar una base inferior al salario real puede generar sanciones adicionales y liquidaciones complementarias de cuotas. Cuando la Inspección de Trabajo detecta que el salario abonado está por debajo del mínimo legal, obliga al empleador a pagar las diferencias salariales correspondientes. La infracción puede acumularse a otras irregularidades si no existe contrato formalizado o si se incumplen las obligaciones en materia de jornada y descansos. El primer paso para evitar una multa de hasta 7500 euros es comprobar que la persona contratada dispone de autorización de residencia y trabajo en vigor. En el caso de trabajadores extranjeros, esta verificación es responsabilidad directa del empleador. También es obligatorio formalizar la relación laboral cuando supere las cuatro semanas y tramitar el alta en la Seguridad Social antes del inicio de la actividad. Las bases de cotización deben ajustarse al salario real, y el contrato debe reflejar condiciones claras sobre jornada, salario y descansos. La Inspección de Trabajo mantiene campañas periódicas de control en sectores con mayor riesgo de economía sumergida. El Ministerio de Trabajo recuerda en su página oficial que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de forma confidencial. El empleo doméstico está plenamente sujeto a la normativa laboral española. Regularizar la contratación no solo evita una multa de hasta 7500 euros, sino que protege tanto al empleador como a la trabajadora frente a conflictos futuros y responsabilidades económicas mayores.