Antonio López, profesor de matemáticas jubilado de 71 años, recibe una pensión cercana a los 2500 euros al mes. Aunque su situación económica es cómoda, insiste en que el porvenir del sistema público de pensiones sigue siendo motivo de preocupación: “Cobro una buena pensión, pero pienso que en unos años no habrá dinero si no cambian algunas cosas”.
Su preocupación no es solo personal, sino que refleja el temor de una generación que podría ser la última en disfrutar de un retiro estable.
Su hermano Juan José, médico jubilado de 83 años, comparte el mismo diagnóstico y subraya la brecha entre generaciones: “Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, siguen siendo más altas que lo que gana la gente joven”.
Ambos señalan en declaraciones a La Vanguardia que el gran desafío es la financiación. “En España hay que pedir más impuestos, pero la gente no está dispuesta a pagarlos”, afirma José, señalando que una reforma fiscal profunda es imprescindible para garantizar la continuidad del sistema público de pensiones.
Un futuro incierto para las pensiones
Ambos hermanos sienten que llegaron a la jubilación en el momento justo: ya pagaron sus hipotecas, sus hijos son independientes y disfrutan de un nivel de vida relativamente holgado.
Aun así, no ven el futuro con optimismo. Antonio López plantea posibles salidas: “Espero que cambien la manera de recaudar o que venga gente joven de otros países, que trabajen y paguen impuestos. Si no, no habrá relevo”.
Las cifras oficiales muestran la envergadura del reto. España destina el 12,3% de su PIB al pago de pensiones y cuenta con más de diez millones de beneficiarios.
Las proyecciones indican que para 2050 podrían superar los quince millones. La combinación de una natalidad en mínimos históricos y una población cada vez más envejecida añade presión al sistema y compromete su viabilidad si no se toman medidas urgentes.