Fuente: freepik
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La Seguridad Social impone condiciones rigurosas, de modo que los mayores de 65 años que no cumplan con estos requisitos se exponen a la posibilidad de perder su pensión o de que esta sea suspendida, incluso si han recibido dicha ayuda durante años y su situación laboral no ha experimentado cambios.
En la actualidad, se estima que más de 460.000 beneficiarios reciben la pensión no contributiva de jubilación, administrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). A diferencia de la pensión contributiva, que requiere haber estado en situación de alta en uno de los regímenes de la Seguridad Social y haber cotizado un mínimo de años, esta modalidad garantiza ingresos mínimos para la supervivencia.
A pesar de que las jubilaciones en España son un derecho irrenunciable según el orden jurídico, para acceder a ellas es necesario cumplir con una serie de requisitos que deben mantenerse a lo largo del tiempo; de lo contrario, la Seguridad Social podría dar de baja la prestación.
Suspensión de jubilación y pensión para mayores de 65 años que no cumplan requisito
Entre los requisitos se destaca que se debe tener más de 65 años y, para poder mantener el cobro de la pensión, los beneficiarios no deben superar los ingresos anuales establecidos por el Gobierno, que en 2024 ascienden a 7.250,60 euros y, para el 2025, con la actualización de la normativa, ascenderán a 8273,49 euros.
Este límite varía de acuerdo a la cantidad de personas que conformen la unidad familiar o de los parientes a cargo del beneficiario. Sin embargo, el incumplimiento en la presentación de la declaración de ingresos anuales o la falta de comunicación sobre cambios en la situación personal o familiar puede resultar en la suspensión de la prestación.
Esto se estipula en el artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de la Ley General de la Seguridad Social, así como en el artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991, donde se establece que los beneficiarios de una jubilación no contributiva están obligados a presentar el IRPF antes de finalizar el primer trimestre del año, considerándose este como un requisito esencial.
Es fundamental que los beneficiarios notifiquen a la administración cualquier cambio relevante en su unidad familiar, como el estado civil o la composición del hogar. La Seguridad Social tiene la facultad de realizar investigaciones y revisiones con el objetivo de garantizar la validez de todos los requisitos. En caso de que se determine un incumplimiento, la entidad tiene el derecho de retirar la pensión.
La tramitación de la pensión no contributiva presenta variaciones según la Comunidad Autónoma correspondiente, mientras que en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la gestión se lleva a cabo de manera directa a través del Imserso.
Para iniciar el proceso de solicitud, existe un documento común aplicable a todos: la SOLICITUD DE CERTIFICADO ANUAL DE RENTAS DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, que puede descargarse aquí. La documentación adicional requerida variará según la comunidad, por lo que se recomienda consultar la información específica de su región mediante un clic aquí.
En el año 2025, la cuantía de la pensión se revalorizará superando la tasa de inflación (2,8%), lo que se traduce en un incremento esperado de la pensión no contributiva, con un aumento mínimo estimado de aproximadamente 200 euros. Así, las pensiones no contributivas se situarían por encima de los 7,450 euros anuales en 2025.
