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La Ley de Nietos, formalmente conocida como la Ley de Memoria Democrática, es una legislación española que permite a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista optar a la nacionalidad española.
Esta ley, promulgada en 2022, busca reparar injusticias históricas ofreciendo la ciudadanía a los nietos y bisnietos de aquellos que tuvieron que abandonar España. La normativa establece que los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos documentales y pasar por un proceso de verificación que incluye la presentación de certificados de nacimiento y otros documentos que prueben su linaje español.
¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la Ley de Nietos?
Para acceder a la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos, los solicitantes deben cumplir con varios requisitos específicos. Primero, es necesario completar el formulario correspondiente (Anexo 1, 2, 3 o 4) según el supuesto bajo el cual se solicita la nacionalidad. También se debe llenar y presentar la Hoja Declaratoria de Datos, disponible en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Es esencial presentar un documento de identidad que acredite la identidad del solicitante y su lugar de residencia. Se requiere la certificación literal de nacimiento del solicitante, debidamente legalizada con la apostilla de La Haya. Además, el solicitante debe presentar el certificado literal de nacimiento español del progenitor, y si aplica, el certificado literal de matrimonio del abuelo o abuela con un extranjero, expedido por el Registro Civil correspondiente.
En algunos casos, es necesario presentar documentación que pruebe la condición de exiliado del progenitor o abuelo del solicitante. Dependiendo del caso, podrían ser requeridos documentos adicionales, como actas de defunción o documentos que acrediten la nacionalidad del cónyuge extranjero.
¿Qué puede pasar para que la Ley de Nietos deje de tener validez?
Para que la Ley de Nietos de España deje de tener validez, pueden darse varios escenarios. En primer lugar, la ley tiene un plazo de vigencia definido, que actualmente se extiende hasta finales de 2025. Si no se aprueba una prórroga antes de esa fecha, la ley dejará de estar vigente automáticamente. Esto fue anunciado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien confirmó que los consulados están trabajando bajo la premisa de que la ley se extenderá hasta esa fecha.
Otra posibilidad es la derogación legislativa, lo cual implicaría que el Congreso de los Diputados decida eliminar o modificar la ley. Esto requeriría una propuesta formal, debates parlamentarios y la aprobación de una nueva legislación que sustituya o enmiende las disposiciones actuales. Cambios en el gobierno o en las prioridades políticas del país podrían influir en este proceso.
En situaciones excepcionales, una sentencia del Tribunal Constitucional podría anular total o parcialmente la ley si se considera que alguna de sus disposiciones es contraria a la Constitución Española. Esto requeriría una impugnación formal y un proceso judicial que culminaría en una decisión del tribunal.
