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A diez años del inicio de la causa, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF que tiene en su poder, como ordenó la jueza Loretta Preska, osi podrá continuar con la apelación.
La disposición de la magistrada se determinó como pago por la expropiación "mal realizada" por Cristina Kirchner en el 2012. Tras esperarse para el martes, la resolución se conocería este miércoles.
El fallo podría desencadenar consecuencias de gran alcance para la economía y la política exterior del país, especialmente si la justicia estadounidense determina que la Argentina incurre en desacato.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que, de ratificarse, el fallo sería "incumplible" para el Estado nacional.
"Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional", afirmó Francos en diálogo con Radio Nacional. Y explicó: "Para vender acciones de YPF que pertenecen al Estado, se necesita la aprobación del Congreso con mayoría especial" .
Juicio por YPF: qué definirá este miércoles el Tribunal de Estados Unidos y qué consecuencias puede traer
La jueza Preska, que lleva el caso de la expropiación, dictaminó que el país debe ceder el 51% de las acciones que tiene en YPF a los fondos Burford y Eton, que querellan contra el país por la expropiación de la petrolera.
Argentina apeló esa decisión y pidió a la Cámara de Apelaciones (en Estados Unidos se la denomina Segundo Circuito) que intervenga en el caso. Ese tribunal aún no manifestó si aceptará el caso argentino, pero si se espera que hoy confirme (o deniegue) el fallo anterior, el de la jueza Preska.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó en el caso pidiendo respaldo para la posición argentina, pero como no es parte involucrada, su participación es testimonial.
Argentina apeló esa decisión y pidió a la Cámara (en Estados Unidos se la denomina Segundo Circuito) que intervenga en el caso. Ese tribunal aún no manifestó si aceptará el caso argentino, pero si se espera que hoy confirme (o deniegue) el fallo anterior, el de la jueza Preska. El Departamento de Justicia del país norteamericano se presentó en el caso pidiendo respaldo para la posición argentina, pero como no es parte involucrada, su participación es testimonial.
Según la jueza Preska, la Argentina debe cumplir el fallo o corre el riesgo de caer en la figura de desacato. El país espera que la Cámara de Apelaciones le de la razón. "No hay que perder de vista que, a pesar de ser una decisión administrativa de la Corte de Apelaciones, las repercusiones de no cumplir con ella, pueden llevarnos a estar en desacato con una corte de la principal plaza financiera del mundo" advirtió Sebastián Maril, experto en lo que a juicios contra el país se trate, a El Cronista.
Según aclaró Maril,"lo de hoy es una decisión administrativa. No revierte el fallo de la Juez Preska sobre la entrega decisión las acciones: solo se trata de suspenderlo o no mientras Argentina apela ese fallo".
Qué podría pasar según lo que defina el Tribunal estadounidense
En el Gobierno y la defensa argentina se ilusionan con una solución intermedia. Esto sería que el país proponga alguna suerte de garantía de que cumplirá con el fallo de Preska, sin necesidad que sea con las acciones.
Preska dictaminó que Argentina le tiene que pagar u$s 16.100 millones a los fondos (Burford y Eton están a la cabeza) por errores en la expropiación de YPF. Para cumplir con el estatuto de YPF, el Estado nacional -que tomó el control de la compañía- debió lanzar una oferta pública para el 49% de las acciones restantes.
Al no hacerlo, Argentina incumplió con su estatuto -ratificado en Nueva York- y abrió la hendija para acciones legales. Los funcionarios argentinos no quieren negociar porque saben que, aún logrando un cierre favorable para el país, serán pasibles de juicios cuando abandonen los cargos. Pero cada día que el juicio no se resuelva implica unpago mayor por intereses.
Preska expuso en la causa que hay interés de los fondos por obtener información de funcionarios, empresas del país y sus reservas de oro. Argentina solicitó que se suspenda la orden de ejecución, que la obliga a entregar las acciones de YPF, mientras apela. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá hoy al respecto.
Por su parte, los beneficiarios del fallo, Burford Capital y Eton Park, se comprometieron a, en caso de que la Argentina gane la apelación, devolver las acciones. Pero el país argumenta que su transferencia generará un daño "irreparable".
Preska también ordenó que Argentina entregue, por pedido de los beneficiarios, información para detectar qué activos pueden ser embargados. En las 72 páginas de la transcripción de la audiencia entre Petersen (origen de la demanda que compró Burford) y Eton Park, hay reiterados reclamos de los fondos a la defensa argentina por presunta falta de cooperación.
La Argentina deberá informar también las limitaciones que pesan sobre sus activos en el mundo, si es que los hay, y explicar por qué quedarían excluidos. Las partes acordaron que no se incluirá información de defensa o inteligencia, pero que no se impide el seguimiento de los fondos, u operaciones de Argentina con otros países extranjeros.
También resta definir qué fideicomisos pueden incluirse, determinar cuando se considera que empieza una privatización. Los fondos compraron los derechos para litigar de Petersen Energía.
Esta firma, de la familia Eskenazi, llegó a tener un 25% de YPF antes de la expropiación. Cuando el Estado capturó el51% de la compañía, los Eskenazi no pudieron pagar préstamos con Repsol y un grupo de bancos. Perdieron las acciones y la sociedad originaria (Petersen Energía) fue a la quiebra en España, donde estaba constituida esa sociedad.