Las razones esgrimidas por el Gobierno argentino para retirarse de las negociaciones de nuevos tratados de libre comercio encaradas por el Mercosur suponen un grave daño para un proceso de integración regional que, con sus más y sus menos, significa un horizonte claro para el desarrollo de nuestra economía. Aunque las estimaciones de los organismos internacionales indican que la caída del comercio mundial podría llegar a ser de hasta el 32%, la decisión de enfrentar este contexto adverso debería ser en el marco de un bloque comercial unido y no de forma individual, porque a la imprevisibilidad que puede originar la salida de esta pandemia agregamos un segundo elemento de incertidumbre. Y esto terminará atentando sobre las posibilidades de inserción internacional de la producción local, en un momento en el que las exportaciones serán elemento central de la recuperación económica.

El Mercosur explica el 60% de las exportaciones de nuestros productos industriales. El impacto en términos de empleo que tendría una salida -aun velada- del mercado común es bien evidente.

De prosperar la iniciativa de la cancillería argentina se convertiría de hecho al Mercosur en un socio comercial más, dado que nuestras exportaciones, al igual que la de los países con los que se firmen los acuerdos de libre comercio, ingresarán en los mercados del bloque con arancel cero.

De esta forma, para la Argentina el Mercosur pasaría de ser una unión aduanera imperfecta a una mera zona de libre comercio, en la que las empresas nacionales perderían las actuales preferencias y reservas de mercado. Un escenario así dañaría a nuestra industria de forma dramática, probablemente terminal.

En el actual contexto de crisis global es más importante contar con un bloque compacto, que con uno disgregado, donde los impactos seguramente serán más perjudiciales para aquel país que decida avanzar en forma individual. Argentina forma parte del bloque, por lo tanto no puede decidir estar fuera de las negociaciones y luego que ellas concluyan decidir qué realizar, tal como se propone desde la Cancillería.

Por su parte, de acuerdo a la decisión del CMC 32/2000 se establece que "sólo se puede negociar de forma conjunta los acuerdos comerciales con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias", por lo que si el resto de los miembros del Mercosur decide avanzar con las negociaciones, seguramente se plantearán modificaciones a esta decisión, con el consiguiente riesgo que ello conlleve a que cada país de forma individual negocie acuerdos comerciales preferenciales con el resto del mundo y termine licuando el proceso de integración del Mercosur que pretende ser una Unión Aduanera.

Dada la magnitud de esta medida, y los impactos que generará tanto en términos institucionales como comerciales, debe ser el Congreso de la Nación, el que debería autorizar una decisión como la adoptada por el Gobierno, ya que los tratados firmados en el marco del Mercosur tiene jerarquía constitucional, y por lo tanto cualquier modificación en el statu quo debe ser tratado en el ámbito legislativo y no una decisión unilateral del Ejecutivo.