

El desplazado director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, y su par de la Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), Norberto Berner, pidieron hoy un amparo y un habeas corpus por el decreto de intervención de los dos organismos que firmó Mauricio Macri.
“Planteamos la misma situación los dos organismos. Son dos cuestiones: por una lado un habeas corpus preventivo para garantizar la libertad ambulatoria del conjunto de empleados y funcionarios hasta que el poder judicial resuelva esta situación. Y paralelamente hemos presentado el amparo, la medida cautelar, para frenar este decreto inconstitucional que está violentando la ley”, afirmó este mediodía Sabbatella.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció hoy el decreto de intervención de la AFSCA y la AFTIC, publicado en el Boletín Oficial que, inusualmente, se hizo público casi al mediodía (y no a primera hora, como es habitual). Por la mañana, la decisión era ya un secreto a voces y la sede de la AFSCA había amanecido con vallado y custodia policial.
“Estamos ante una situación que nos preocupa mucho porque hay una actitud intimidatoria, hay una sensación de estado policial”, cuestionó este mediodía Sabbatella.
El funcionario desplazado sostuvo que el decreto constituye “un atropello brutal, una barbaridad, violenta la división de poderes”.
Y atribuyó la medida a que el gobierno tiene que “pagarle la deuda que adquirieron en campaña con el grupo Clarín”. “Buscan que no se cumpla la ley, quieren que los medios sigan concentrándose para tener el blindaje mediático que necesitan para sus medidas antipopulares”, cuestionó.
Por la mañana, Sabbatella ya había calificado la intervención como “absolutamente ilegal” y anticipado que iría a la Justicia para resistir la orden gubernamental. “La ley es la ley, debatida durante años, aprobada por el Parlamento, por la Corte, constitucional de punta a punta. Puede ser que no les guste, como dijo Aguad, que dijo que la ley tenía que desaparecer (pero) lo que tienen que entender es que si tienen la idea contraria a la ley, tiene que ir al Parlamento, debatirla, derogarla, hacer otra, pero no pueden violentarla porque no hay ninguna necesidad y urgencia para intervenir el organismo”, cuestionó.












