Entre 2023 y 2025 el presupuesto universitario cayó 29% en términos reales y alcanzó el nivel más bajo desde 2006. El salario de un profesor asistente perdió 25% de poder adquisitivo en tres años y el financiamiento por estudiante se redujo al menor nivel desde 2004.
Con esos números como telón de fondo, docentes, estudiantes, rectores y gremios universitarios volverán hoy a marchar para reclamar por el financiamiento del sistema público de educación superior.
La movilización se realizará en medio de una fuerte disputa política y judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso tras revertir el veto presidencial de Javier Milei.
Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario “no tiene precedentes desde el retorno de la democracia”. El estudio sostiene que la principal partida destinada a universidades, el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, sufrió un ajuste acumulado de 29% real entre 2023 y 2025 y que el presupuesto vigente para 2026 profundiza esa tendencia.
La caída del financiamiento impactó directamente en los salarios docentes y no docentes. De acuerdo con el documento, en marzo de 2026 el salario real de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva estaba 25% por debajo del registrado tres años antes. Además, el ingreso promedio del sector pasó a ubicarse por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.
El informe agrega otro dato que preocupa al sistema universitario: mientras la matrícula continuó creciendo en las últimas dos décadas, el financiamiento por estudiante cayó a $2,4 millones medidos a precios constantes de 2026, el valor más bajo desde al menos 2004.
En ese contexto, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas de funcionamiento según inflación, recomponer salarios y fortalecer programas de becas.
La norma fue aprobada originalmente en agosto de 2025, vetada luego por el Ejecutivo y finalmente ratificada por ambas cámaras mediante el mecanismo de insistencia legislativa previsto en la Constitución.
Sin embargo, después de promulgarla, el Gobierno suspendió su aplicación con el argumento de que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias. La decisión derivó en una presentación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la implementación inmediata de la norma.
A fines de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar parcialmente al pedido y ordenó aplicar de manera cautelar los artículos vinculados a salarios y becas.
Más tarde, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa resolución y advirtió que el Ejecutivo no podía suspender una ley aprobada por el Congreso invocando otra norma anterior.
La discusión también gira alrededor del costo fiscal de la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que implicaría un gasto equivalente al 0,23% del PBI, mientras que fuentes oficiales hablaron de un impacto cercano a $2,5 billones. El CIN, por su parte, calculó que el sistema universitario necesitaría alrededor de $7,2 billones para garantizar su funcionamiento durante 2026.
El Gobierno sostiene que la aplicación plena de la norma pondría en riesgo el equilibrio fiscal. Pero el informe de ACIJ cuestiona ese argumento y señala que parte de la escasez de recursos responde a decisiones tributarias recientes impulsadas por el propio Ejecutivo, entre ellas la modificación del impuesto sobre Bienes Personales, que habría significado una merma recaudatoria equivalente a unos $5 billones en dos años.