Estamos en tiempos de fuertes cambios de precios relativos, ya sea que se observen variaciones de tarifas, salarios, tipo(s) de cambio, tasas de interés o precios individuales. El gráfico muestra que la relación entre dos conjuntos de precios de grandes agregados, los "Servicios" y los "Bienes" en la canasta del IPC, presenta un ciclo bien marcado en los últimos ocho años (para no ir más atrás).

El precio relativo de los Servicios a los Bienes (Ps/Pb) cayó 16% entre comienzos de 2013 y fin de 2015, recuperó 29% de allí a fines del primer trimestre de 2018, para caer casi 20% hasta la fecha.

¿Qué hay detrás de estos ciclos agregados? Dejando de lado muchos otros factores, sabemos que las devaluaciones en el corto plazo presionan más sobre precios de bienes que de servicios, y por otro lado los ajustes tarifarios tienen impacto directo en los servicios que mide el IPC (aunque estas clasificaciones simplifican, ya que por ejemplo cambios en los precios de combustibles –que pueden seguir el ciclo de las tarifas- refieren cambios en el precio de bienes). Lo relevante sin embargo no son los aumentos (o los niveles "históricos" de unos y otros) sino las velocidades relativas de ajuste, y el peso de cada cosa en el índice de precios.

Entre 2013 y primer trimestre de 2018 hubo devaluaciones y ajustes tarifarios, pero predominaron los Bienes hasta que se recompuso el peso de los servicios públicos en el índice con nuevos y mayores ajustes tarifarios -que cambiarios- durante 2016.

Desde el segundo trimestre de 2018 la caída en el valor del peso superó siempre los aumentos tarifarios, y desde mediados de 2019 estos últimos prácticamente desaparecieron.

La caída en el precio relativo de los servicios podría interpretarse como un movimiento virtuoso asociado a una caída del peso del gasto público en la economía que conlleva un aumento en el tipo de cambio real de equilibrio.

Si bien puede haber algo de ello por las correcciones introducidas en 2018 y 2019, la velocidad de la caída del precio relativo de los servicios (Ps/Pb) -que se mide por la pendiente de la curva en el gráfico- es mucho mayor en el actual ciclo que en el pasado y promete alcanzar profundidades insondables hasta ahora.

Volver a 2015 no era una opción, pero hacia allí nos dirigimos con entusiasmo. Y en ello mucho tienen que ver las tarifas de servicios públicos. Según cálculos elaborados en FIEL solo en tarifas energéticas (electricidad y gas natural) el déficit aumentaría en poco más de u$s 2400 millones en 2020 respecto de 2019 y podría llegar a agregar una cifra aún mayor en 2021, retornando a niveles próximos a los de 2015.

Como sabemos, en una economía de alta inflación con profusión de regulaciones y restricciones como la argentina, los precios relativos no ajustan por la baja de algún precio (digamos el tipo de cambio) y la suba de otros (digamos tarifas), sino porque todos suben pero algunos lo hacen más rápido que otros.

Eso fue lo que ocurrió tanto en 2016 como en 2018, con todo subiendo vertiginosamente y elevando con ello la tasa general de inflación.

Casi siempre hay más de una alternativa para evitar explosiones, pero sin financiamiento externo es inevitable explicitar algún programa fiscal y monetario que ahorre durante la salida de la pandemia por coronavirus, eliminando todo el gasto de emergencia de 2020, frenando el deterioro tarifario y descartando cualquier innovación que aumente significativamente el gasto público.

Esa es la base para que los precios relativos puedan acomodarse y de paso poder sentarse a conversar con el Fondo Monetario Internacional con vistas a la negociación que se le viene por delante al gobierno de Alberto Fernández.