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La salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura no hizo más que generar más ruido dentro del mundo de la construcción. Desde que asumió Javier Milei saben que la baja de la obra pública era un hecho, aunque nunca pensaron estar en cero, como afirman que ocurre hoy.
La situación del sector, según los constructores, "es crítica", y dicen que esto tiene que ver con tres cuestiones. Por un lado la parálisis total de la obra pública, aunque a esto se le suman dos factores: la millonaria deuda que el Estado mantiene con el sector, y la falta de perspectivas que hay respecto de lo que vendrá.
El rojo del Estado con las constructoras suma al menos $ 300.000 millones -entre deuda facturada y a facturar- y a esto se le deben sumar las inversiones que hicieron en maquinaria y distintos instrumentos para utilizar en obras que hoy o están frenadas o ni siquiera arrancarán. Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, afirma que la situación del sector es "gravísima", a sostiene que lo que viene, y ante un parate que ya se inició en el grueso de la actividad "es intentar dar vuelta ese rojo, al menos en parte".
"En definitiva Caputo es el que maneja los fondos y ahora será un área bajo su órbita; tal vez lo que genera es mayor agilidad en algunas cosas, aunque si el punto sigue siendo decirle no a la obra pública, demasiado no cambia. Hoy la realidad es que todo es incertidumbre; muy complejo", sostuvo Weiss a El Cronista, y resaltó que en los próximos días se avanzará con la idea de conformar una agenda con el ministro.
Sin expectativas
Más allá de esa posibilidad, el cambio de manos de la obra pública no le genera a la construcción una visión ni más ni menos optimista de la que ya tenía. Los contactos con Ferraro y su funcionarios fueron fluidos, aunque la situación ya era complicada. Porque Milei siempre dijo que no era prioridad, y porque nunca hubo certezas respecto de cuál sería el presupuesto real que se destinaría a la obra pública, lo que no hizo más que acentuar la incertidumbre.
A este panorama se le debe sumar el arrastre que este segmento de la economía traía desde fines de 2023. Tras un primer semestre de muy buenos números, luego se fue perdiendo ritmo.
Según el entonces Ministerio de Obras públicas que conducía Gabriel Katopodis, entre enero y junio se finalizaron 3.708 obras públicas por un total de $ 640.050 millones. Hasta ese momento, se vio un interesante movimiento de contratos y licitaciones, pero con la seguidilla de elecciones presidenciales (entre otras) se terminó por aletargar. El punto máximo de esta situación fue entre fines de noviembre y diciembre, primero con Milei electo y luego ya como presidente.
Todas esos contratos debían comenzar a pagarse en el arranque de la gestión de LLA, pero hasta ahora no hay novedades. "Hay obra que están literalmente paradas. Entre fines de año y el 10 de enero se suele dar un freno por las fiestas, pero a partir de esa fecha todo vuelve a su normalidad. Ya estamos casi en febrero y esto no ocurrió y pareciera que no va a ocurrir", dijo, y reiteró que se intentarán agilizar esos pagos ya que "este gobierno no pagó nada".
El riesgo es que, en muchos casos, las obras que se paralizan luego no es simple retomarlas como si nada hubiera pasado, sino que a veces hay que arrancarlas de cero.
La otra pata que inquieta a la construcción es el de las deudas, que no está todavía dimensionada pero que si engrosa los $ 300.000 millones de obras ya facturadas o a facturar. En este escalón aparecen rojos con los bancos, el fisco e incluso con proveedores. Incluso, ante la incertidumbre sobre el futuro, muchas empresas están pagando el leasing por máquinas que hoy están paralizadas.
Todo este capítulo podría ser un eje que se podría poner sobre la mesa a la hora de negociar alguna ayuda por parte del Estado, en caso de que se abra esa puerta.