En esta noticia
El gobierno nacional anunció este lunes el inicio del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino o ARMA, se trata de una herramienta con la intención de justamente rearmar a las Fuerzas Armadas Argentinas. Sin embargo, la duda que cabe es si esta herramienta es mejor que el viejo Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), desarticulado por la gestión libertaria.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino mediante el Decreto 314/2026 publicado en el Boletín Oficial.
La norma establece un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas que contempla la asignación de fondos provenientes de la venta y concesión de inmuebles estatales, así como de los procesos de privatización de empresas públicas contempladas en la Ley Bases (27.742).
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Defensa, general de brigada Carlos Presti, el ministro de Economía Luis Caputo y el resto del gabinete en acuerdo general de ministros.
La iniciativa apunta a reforzar el equipamiento, modernizar infraestructura estratégica y recuperar capacidades del Sistema de Defensa Nacional.
Entre los fundamentos, el gobierno señaló que “el escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo.”
El DNU advierte que la mayor parte del presupuesto militar actual se destina a gastos de personal y funcionamiento, lo que “limita severamente la inversión” y reduce el margen para mejorar capacidades. Desconociendo en esta misma parte la existencia del Fondef.
Entre los fundamentos también se menciona que los avances tecnológicos en materia militar, como la inteligencia artificial y las armas automatizadas, exigen nuevas capacidades para las Fuerzas Armadas.
El mecanismo de financiamiento es la gran deiferencia con respecto al Fondef. Se crean dos fuentes de ingresos automáticas distintas.
Por un lado, los ingresos por inmuebles del Estado: El decreto establece que el 10% de los ingresos por venta, alquiler, concesión o transferencia de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa.
En los casos en que los bienes ya estuvieran bajo órbita del Ministerio, el porcentaje se eleva al 70% de los fondos generados. Con lo cual no se quedarán con el 100% de terrenos que se tienen en todo el país.
La segunda forma serán los ingresos por privatizaciones: el 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas o participaciones estatales también será asignado al Ministerio de Defensa, conforme la nómina de la Ley de Bases.
En el decreto se contempla la compra de armamento y las inversiones en bases militares, hangares, pistas aéreas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en todo el país.
Entre los proyectos estratégicos se destaca el desarrollo de una base integrada en Tierra del Fuego, considerada clave para la proyección argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
El decreto instruye al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a elevar al Ministerio de Defensa, en un plazo máximo de 90 días, los requerimientos urgentes en materia de reequipamiento y recuperación de capacidades.
Cómo se diferencia del Fondef
Para entender la comparación, el marco de referencia es la Ley 27.565, más conocida como Fondef, sancionada en septiembre de 2020.
El FONDEF fue creado “a fin de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, y sus recursos deben ser afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
Se trató del principal instrumento con el que contaban las Fuerzas Armadas para adquirir sistemas de armas; genera un marco de previsibilidad presupuestaria para los proyectos de adquisición y contribuye al fortalecimiento y desarrollo de la industria de defensa nacional.
La ley preveía alcanzar, para 2023, un 0,8% de los ingresos corrientes del Estado destinados a la recuperación, modernización o reequipamiento, comenzando por un 0,35% en 2020 y escalando progresivamente.
En cuanto a sus criterios de asignación, el FONDEF priorizaba dos aspectos clave: favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, con mayor escalonamiento tecnológico. Boletín Oficial de la
El plan establecía que el FONDEF debía ejecutarse en su totalidad año tras año y posee doble control parlamentario. Además, las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras recibían el plan anual de inversiones al 31 de marzo e informes semestrales el 31 de mayo y el 30 de noviembre de cada año.
Si bien el decreto presidencial no altera la aplicación del Fondef, este instrumento fue desactivado por la gestión Milei.
La ley no fue derogada, pero fue vaciada progresivamente por dos pasos. Un primero paso fue su la suspensión del artículo 27 de la Ley de Presupuesto 2025.
Allí, se suspendió para el ejercicio 2025 el cumplimiento del inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del FONDEF. Es decir, la ley siguió existiendo formalmente, pero se suspendió la obligación de volcarle el porcentaje de ingresos corrientes.
El tiro de gracia llegó en el Presupuesto 2026, cuando se derogó un artículo clave de la norma. En la última ley de leyes, el gobierno decidió eliminar la inversión progresiva del Fonde y derogó el inciso 1 del Artículo 4° de la Ley 27.565, que establecía el 0,8% de los ingresos corrientes.
Con esta eliminación desaparece la garantía de financiamiento progresivo que le daba previsibilidad al instrumento y que buscaba asegurar un flujo constante de recursos para reequipamiento militar.
La consecuencia práctica es grave: al derogar ese inciso, el fondo queda dependiente únicamente de las donaciones que hagan personas físicas y jurídicas y de financiamiento externo.
Es decir, por ahora la medida legal quedó prácticamente desarticulada y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas queda atada a las privatizaciones nacionales y a las ventas de los propios inmuebles que pertenecen a las instituciones.