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El gobierno de Javier Milei redobló este jueves su confrontación diplomática con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y desafió a Londres a resolver sus diferencias ante la Justicia internacional. La nueva respuesta de Cancillería se conoció después de que las autoridades británicas convocaran a la embajadora argentina y cuestionaran el procedimiento de arbitraje iniciado por Buenos Aires para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
La escalada también provocó un pronunciamiento de Estados Unidos. El embajador norteamericano ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría reducir las tensiones entre ambos países antes de evaluar cualquier otra intervención, aunque evitó pronunciarse sobre la disputa de soberanía y dejó en manos de Donald Trump cualquier decisión sobre una eventual asistencia al Reino Unido.
En un comunicado de dos páginas, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó que las autoridades británicas caractericen el arbitraje impulsado por la Argentina como un intento de perjudicar los derechos y los medios de vida de los habitantes del archipiélago. La Cancillería sostuvo que acudir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo para resolver las diferencias y cuestionó que Londres desacredite un procedimiento contemplado por un tratado del que ambos países son parte.
“Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, afirmó la cartera que conduce Pablo Quirno. Además, remarcó que tanto la Argentina como el Reino Unido ratificaron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y aceptaron los mecanismos de solución de controversias establecidos en ese instrumento.
La reacción argentina respondió al pronunciamiento de la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien calificó la ofensiva jurídica de Buenos Aires como un intento de socavar los derechos de los habitantes de las islas. El Foreign Office también convocó el miércoles a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo y advertir que las medidas adoptadas por el Gobierno afectaban la confiabilidad de la Argentina como socio internacional.
Cancillería rechazó esa interpretación y respondió que la confiabilidad de un país debe medirse por el cumplimiento de sus compromisos internacionales. A su vez, cuestionó que el Reino Unido invoque la CONVEMAR para respaldar sus actividades hidrocarburíferas, pero objete que la Argentina utilice los mecanismos judiciales contemplados por ese mismo tratado.
El desafío argentino al Reino Unido y la posición de Estados Unidos
La nueva controversia se desencadenó después de que Milei ordenara iniciar un procedimiento arbitral contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion. El Gobierno también intimó formalmente a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades petroleras.
Si el Reino Unido no cumple con ese requerimiento, la Argentina anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Se trata de una instancia que permite pedir protección jurídica mientras avanza la constitución del tribunal arbitral, aunque la concesión de esas medidas depende de los requisitos establecidos por la Convención y de la evaluación del propio tribunal.
En su nuevo comunicado, Cancillería reafirmó que la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos fue reconocida por las Naciones Unidas. Para sostener su posición, invocó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General, que llamaron a buscar una solución negociada y a evitar modificaciones unilaterales de la situación mientras la controversia permanezca abierta.
También rechazó el argumento británico basado en el principio de libre determinación de los habitantes de las islas y ratificó su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales. El Reino Unido, por su parte, sostiene que la explotación de los recursos naturales cuenta con las autorizaciones de las autoridades isleñas y que corresponde a sus habitantes decidir sobre su futuro político.
En medio de ese intercambio intervino públicamente Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante la ONU, quien fue consultado por la cadena británica GB News sobre qué haría Washington ante un hipotético enfrentamiento y si acudiría en ayuda del Reino Unido.
“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, respondió el diplomático, quien recordó que la Argentina es una gran amiga de Estados Unidos, pero también destacó la relación especial que Washington mantiene históricamente con Londres. Ante la posibilidad de una asistencia de otra naturaleza, evitó anticipar una posición y sostuvo que cualquier decisión correspondería directamente a Trump.
Las declaraciones reflejan la situación que enfrenta la administración estadounidense ante dos países con los que mantiene vínculos estrechos. En particular, se producen en un contexto en el que Milei profundizó su alineamiento político con Trump, mientras el Gobierno británico busca preservar el respaldo de Washington en la controversia por el Atlántico Sur.
Sea Lion: las petroleras mantienen sus planes pese a la ofensiva argentina
El otro frente del conflicto se desarrolla alrededor de las compañías responsables de Sea Lion, un proyecto ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está encabezada por la petrolera israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.
La ofensiva argentina también comprende actuaciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera. Durante las últimas semanas, el Gobierno envió más de 180 notificaciones a compañías relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó al menos tres denuncias penales contra diez empresas y sus directivos.
Sin embargo, Rockhopper ratificó que mantiene su cronograma de desarrollo y que prevé comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028, de acuerdo con su último informe semestral, presentado el miércoles ante el mercado de valores de Londres. La compañía también anticipó que los trabajos de perforación comenzarán a principios de 2027.
Su director ejecutivo, Sam Moody, destacó que la empresa consiguió completar una nueva ronda de financiamiento por u$s 200 millones, mediante una colocación de acciones por u$s 180 millones y una oferta abierta que aportó otros u$s 20 millones. Según explicó, esos recursos permiten sostener sus compromisos financieros hasta el inicio de la producción y avanzar con las siguientes etapas de desarrollo.
El informe también destacó el respaldo que Rockhopper afirma recibir del Gobierno británico y de las autoridades isleñas. En una primera fase, Sea Lion contempla la perforación de once pozos y la utilización de una unidad flotante con capacidad para producir hasta 55.000 barriles diarios, mientras que los desarrollos posteriores podrían ampliar considerablemente ese volumen.